Gabriela denunció al padre de su hijo luego de que intentara asesinarla en marzo de 2021, sin embargo, el Ministerio Público asignado a su caso en la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres y Delitos en Razón de Género y el Centro de Justicia para las Mujeres consideraron que “ya que no la mató”, solo iniciaría una carpeta de investigación por los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil.
Después de tres años de exigir a las autoridades de justicia que los delitos sean reclasificados a tentativa de feminicidio esto no ha sucedido. Si bien, Francisco “N”, su agresor, fue puesto en prisión preventiva durante seis meses, el Juez Especializado en Violencia contra las Mujeres, Sergio Vladmir Cabrales permitió que siguiera el proceso en libertad a cambio de una disculpa.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Gabriela decidió dejar a su pareja, Francisco “N”, luego de permanecer juntos cerca de 22 años y después de violencias reiteradas que con el tiempo se convirtieron en “un infierno”, asegura. No lo hizo antes porque sabía que este hombre era capaz de todo, incluso de quitarle al hijo de ambos; pero jamás imaginó lo que viviría a su lado hasta ese martes 27 de marzo de 2021.
Era medio día y su agresor había llegado a la casa que compartían después de una fiesta, en palabras de Gabriela, el hombre se encontraba todavía bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Todo se había vuelto más y más violento desde que ella tomó la decisión de terminar con la relación, así que cualquier situación por más mínima que fuera este hombre la convertía en una pelea.
El “pretexto” para desatar su enojo fue que Gabriela le pidió $200 pesos para comprar comida para el desayuno, desayuno del que él también comería. Después vinieron los insultos y los gritos. La “pelea” creció de tal manera que de pronto el responsable de la molestia era su hijo de 15 años, quien dormía en el cuarto de su madre porque este mismo hombre le había quitado su colchón en otro de sus arrebatos violentos.
“Chinguen a su madre los dos” se escucha en el video que Gabriela ha decidido difundir para denunciar a las autoridades de justicia y de seguridad jaliscienses el peligro en el que permanece mientras su agresor sigue libre. “Ya vete” le responde alarmada, “¿Por qué nos vienes a hablar así?” le cuestiona en la grabación.
Luego este hombre insiste en que el adolescente debe de salir del cuarto de su madre y reclama por qué duermen juntos, cuando la respuesta es obvia, explica Gabriela, “él fue quien le quitó el colchón a mi hijo y lo dejó sin dónde dormir, se quedaba conmigo porque no hay forma que duerma en el piso, soy además su madre”.
Las ofensas continúan en medio de una pelea que ahora se ha vuelto en torno a la aparente molestia que le genera que hijo y madre duerman en el único espacio digno que tienen dentro de la casa para descansar. “Perra, puta, cabrona, es que no puede ser que sigas permitiendo que este cabrón duerma contigo. Chinguen a su madre los dos”.
“Luego lo platicamos, ya que estés bien” se escucha a Gabriela decir para calmar a su expareja. “No es momento” replica desesperada, “ve cómo estás”.
Un segundo después puede oírse “te voy a meter un puto balazo hija de tu puta madre”. En el video se observa el momento en el que este sujeto sale de la visión de la cámara de celular. Ahora sólo se ve el piso y se oyen unos pasos de fondo, al parecer del mismo hombre quien regresa a la escena, pero ahora con un arma de fuego.
“Te voy a matar hija de la chingada”, “ahorita te voy a matar” se escucha una vez más en el video donde también puede verse el forcejeo que Gabriela y su hijo hacen para tratar de arrebatarle la pistola que tiene en la mano.
“Ya, ya, ya” grita con desesperación su hijo mientras Gabriela le pide por favor a su agresor que se detenga que puede ocurrir un accidente.
“Paco por favor” “Paco por favor”, “papá, ya, ya, ya”, “quítate cabrón” se oyen en la grabación las voces entremezcladas de Gabriela, su hijo y su expareja. Sin embargo, a pesar del movimiento desordenado de las imágenes, puede verse al agresor con el arma en la mano e intentando someter a ambos. Así termina el clip de apenas 1 minuto y 13 segundos.
Gabriela, viva, gracias a que su hijo logró interponerse entre ella y su agresor, recuerda que el hombre salió huyendo y abandonó la casa, así que, para cuando los elementos de la Policía de Zapopan llegaron, no había a quién detener. Aun, sin el agresor presente, debían llevar a cabo labores periciales para seguimiento de la denuncia que más tarde interpondría por los hechos. Entre éstas el resguardo del arma que su expareja utilizó en el acto y la investigación que podría desprenderse para conocer si la portación que realizaba era legal o ilegal.
Sin embargo, dice Gabriela que el agente que tomó el arma, sin ningún protocolo aparente, sólo pudo corroborar que estaba cargada, procedió a retirar las balas y se la entregó de nuevo. No hizo nada más.
Junto con su hijo acudió a realizarse un parte médico y después al Centro de Justicia para las Mujeres donde interpuso su denuncia; y, si bien, mostró al Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres y Delitos en Razón de Género el video en el que quedó captada la agresión, éste prefirió integrar abrir una carpeta de investigación por el delito de “violencia familiar” y “maltrato infantil”, antes que una por el de intento de feminicidio, puesto que, su agresor no había “logrado asesinarla”.
“Y si el arma se hubiera disparado y no le hubiera dado, tampoco sería intento de feminicidio” le dijo el ministerio público.
Esta no era la primera vez que Gabriela había acudido al Centro de Justicia para las Mujeres, ya antes se había presentado para pedir ayuda en 2018, pero en esa ocasión nadie hizo algo por ayudarla a iniciar una denuncia por la violencia que sufría en manos del padre de su hijo.
Por estas omisiones, especialmente, por los hechos que corresponden al evento de intento de feminicidio, decidió presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la cual fue admitida con el número 7862/2021/VDQ en contra del Ministerio Público a cargo de su caso, así como del Centro de Justicia para las Mujeres. Al respecto, el organismo de derechos humanos ordenó “practicar las diligencias que resulten necesarias para la debida integración” de la carpeta y el esclarecimiento de los hechos.
Por fin, al tener la posibilidad de ampliar su denuncia ante el Ministerio Público, el cual, no había tomado en cuenta el material de video que Gabriela captó sobre la agresión, pudo ver en su carpeta la debida integración de este material que comprueba cómo su expareja había intentado asesinarla y, con ello, la reclasificación del delito a feminicidio en grado de tentativa.
De manera paralela, aunque desde el primer momento se ofrecieron medidas de restricción en contra del hombre, las garantías de un Pulso de vida para Gabriela no fueron proporcionadas de inmediato. Al no haber un dispositivo disponible, únicamente activaron en su celular personal una aplicación que presuntamente tiene la misma función de alertar a las corporaciones de seguridad sobre cualquier peligro latente. Tuvieron que pasar varios meses para que finalmente le ofrecieran uno de estos mecanismos de protección.
El despojo
Gabriela regresó a su casa, lugar donde había vivido por más de 13 años junto a su hija y el hijo de ambos. Siete meses después, una noche de octubre de 2021, su agresor ingreso sin su consentimiento a la vivienda, mientras no se encontraban y cambió las cerraduras de cada puerta. Ella, asegura que ya estaba planeando cómo dejarles sin hogar. Aunque Gabriela activó su pulso de vida y personal de la Policía de Zapopan llegó para “auxiliarla”, le dijeron que no podían hacer nada porque su agresor “no le había hecho daño”.
El 22 de noviembre por fin logró conseguir su objetivo. La fecha no la olvida, señala, fue cuando “me quitaron toda mi vida”. “Sólo me dejó unas cobijas y unas toallas, se llevó mis pertenencias, documentos de identificación míos y de mis hijos”. Y con engaños, advierte, el hombre comenzó a promover junto a una abogada la venta de la vivienda de manera irregular.
Por un lado, denuncia que además del despojo de sus pertenencias, está siendo víctima de un fraude procesal, del que han participado autoridades judiciales. También, asegura, que, ya que la casa en la que vivía se encuentra dentro de una zona residencial, el personal de seguridad privada junto a personal administrativo de la organización vecinal, fueron sus cómplices al momento de desalojarla y despojarla de sus cosas.
Por estos hechos también inició una denuncia por despojo y desalojo, delitos que, considera, logró cometer su agresor por la indefensión y desprotección en la que ha permanecido. Y es que, luego de varias audiencias, ha quedado claro para Gabriela que la jueza Sugui López Kim, adscrita al Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal Especializado en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco ha sido omisa en dictar medidas cautelares suficientes para resguardar su integridad y la de su hijo e hija. A la par, dejó pasar las múltiples ocasiones en las que su agresor no asistió a dichas audiencias y presuntamente permitió -sin sanciones- que éste presentara documentos falsos para justificar sus inasistencias.
La CEDHJ dictó la medida cautelar 156/2021 donde solicita al Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra Mujeres que gire las medidas de protección que correspondan, incluyendo las que consistan en que se requiera al presunto agresor devolver en un plazo determinado “la ropa y enseres personales de la víctima y sus hijos”. Pero el proceso no avanzó.
Sobre el uso del arma de fuego implicada, el organismo solicitó a la autoridad ministerial que lleve a cabo las acciones pertinentes y conducentes para la persecución de un posible delito de portación ilegal o cualquier semejante.
Y, finalmente, la misma medida reconoce la necesidad de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, proporcione el apoyo integral necesario para el hijo de Gabriela -quien en su momento era menor de edad- con la finalidad de que se tutelen sus derechos como también víctima de este delito.
Protesta a las afueras del Centro de Justicia para las Mujeres en Guadalajara para exigir justicia para Gabriela. Fotografía cortesía Mujeres Unidas de Jalisco.
Detenido y puesto en libertad sólo a cambio de una “disculpa”
Francisco “N” estuvo prófugo hasta 2024. Su detención es resultado de una causa distinta a la denuncia interpuesta por Gabriela. Sin embargo, las autoridades, al percatarse de que mantenía una orden de aprehensión en su contra, finalmente le retuvieron. Así fue como llegó a prisión preventiva y permaneció ahí seis meses.
El pasado miércoles 10 de abril se llevó a cabo la audiencia del caso, ya que la Jueza Sugui López Kim reclasificó la carpeta a violencia intrafamiliar, un delito de menor gravedad al de tentativa de feminicidio.
Con este antecedente, la Unidad de Medidas Cautelares de Jalisco dictaminó que Francisco “N” no representa un riesgo, por lo que, el Juez Especializado en Violencia contra las Mujeres, Sergio Vladmir Cabrales permitió que siguiera el proceso en libertad.
Sergio Vladimir Cabrales ordenó que, para dejarlo en libertad, tenía que ofrecer a Gabriela y a su hijo únicamente una disculpa pública, más el pago de los gastos acumulados de las terapias psicológicas que han tenido que llevar durante el proceso.
Gabriela y su defensa insisten en que se deben de reclasificar los delitos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y lesiones por tentativa de feminicidio.
“Cómo es posible” dice Gabriela, él intentó matarme y lo mandan a su casa con una disculpa. Yo no entiendo la ley.
Gabriela quiere que su agresor sea justamente sancionado, para que ella pueda vivir tranquila, pues con la nueva determinación judicial ella teme por su seguridad y la de sus hijos.
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De acuerdo con el artículo 66 del Código Penal del Estado de Jalisco, al responsable de tentativa de delito grave -como es el feminicidio-, la autoridad judicial interpondrá una pena de prisión desde las tres cuartas partes de la pena mínima y podrá llegar hasta las tres cuartas partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.
En abril de 2022, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Penal Federal en materia de sanción del delito de feminicidio en grado de tentativa punible.
Las reformas contemplan que el delito podría castigarse hasta con 40 años, además, de hacer procedente la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible. El dictamen que fue enviado al Senado de la República establece que los agresores no podrán gozar de libertad anticipada y que la pena de prisión no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito feminicidio. Por lo tanto, no podría ser menor de 30 años, hasta alcanzar los 40.
Ya en marzo de 2019, el Noveno Tribunal Colegiado del Consejo de la Judicatura Federal se encargó de resolver que un intento de feminicidio, aun cuando no tenga como resultado final la muerte de la víctima, es un delito grave que amerita prisión preventiva oficios para el presunto responsable.
La resolución llegó después de analizar un caso registrado en Xochimilco donde una joven logró sobrevivir a los golpes que le infringió su exnovio gracias a que una vecina logró intervenir y evitar que la agresión se consumara hasta arrebatarle la vida.
Asimismo, determinaron que, aunque el delito quede en “grado de tentativa”, esto no resta gravedad al ilícito, ya que el presunto agresor tenía la intención de perpetrarlo.
