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¿Qué impacto tiene la violencia que se comete contra las y los candidatos en un proceso electoral? ¿De qué manera afecta esto a la participación ciudadana? Data Cívica, México Evalúa y Animal Político presentaron el informe “Democracia vulnerada”, en el que se detectó que la violencia contra todo tipo de actores políticos hace caer 3 puntos porcentuales la participación ciudadana, pero no sólo eso sino que también cae en un 1.3% la asistencia a las urnas.
Por Redacción ZonaDocs
Entre 2018-2023, la organización Data Cívica ha registrado 8 mil 361 eventos de violencia política cometidos contra candidatas y candidatos a algún puesto de elección popular, así como a familiares y colaboradores cercanos. Estas agresiones tienen un impacto directo en los procesos electorales, pues conforme sus estimaciones toda esta violencia genera una caída de 3% de la participación ciudadana y una disminución del 1.3% de la asistencia a las urnas.
Esta información forma parte del Informe “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado como parte del proyecto Votar Entre Balas impulsado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, el cual relanzó su sitio web, este 16 de abril.
Un ejemplo de cómo la violencia política afecta los procesos electorales es el de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, pues en este municipio: “la participación electoral bajó de 54% a 21%” después de que en 2020 ocurriera un ataque contra el regidor Alberto Alfaro, pero también porque un año después la presidenta municipal y dos exfuncionarios de seguridad sufrieron ataques. Estos hechos, señala el Informe, además provocaron que en las elecciones de 2021 se sustituyera al 8.6% de los funcionarios de casilla.
Otro caso analizado fue el de Apaseo el Grande, Guanajuato, donde la caída de la participación pasó del 50% a 39%. ¿Qué ocurrió ahí?: el asesinato de un candidato a regidor, así como de dos militantes de partidos en 2021. Esto provocó la sustitución del 19% de los funcionarios de casilla.
Para Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, la violencia política también provoca que las personas que habían sido seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten, por lo que deben ser sustituidas; en ese sentido, señala, “cada persona candidata o militante de partido atacada incrementa casi 1% la sustitución de funcionarios de casilla”.
“¿Qué es lo que nos dicen estos ataques? Con un menor número de funcionarios capacitados para contar votos, si hay un mayor número de sustituciones, entonces estamos desdibujando ese elemento elemento ciudadano del que nos hemos enorgullecido por décadas en la construcción de la democracia mexicana. Y segundo elemento: conforme se desvanece la participación ciudadana en las elecciones, entonces el crimen organizado tiene aún más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y con el gobierno”, enfatizó Sandra Ley.
Otro de los hallazgos del estudio es que el 77% de las víctimas de violencia político-criminal aspiraban o tenían un cargo municipal: “de las casi mil 400 víctimas registradas por Votar Entre Balas en el periodo de 2018 a 2023, un tercio han sido alcaldías, sindicaturas y regidurías”.
¿Cuál es una de las posibles explicaciones? De acuerdo a las y los investigadores de Data Cívica esto sucede porque en estas demarcaciones territoriales son vitales para el control de los grupos criminales, pues controlar una zona permite después el control de regiones más amplias.
En conclusión, el Informe señala que:
“la violencia político-criminal en México tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando así un derecho fundamental de la democracia. Más aún, con el detrimento de la participación ciudadana en las elecciones, se afianza el vínculo entre crimen y autoridades”.
Pero no sólo eso, sino que además señalan que:
“El aumento sustantivo en el número de ataques al conjunto de sus autoridades electas y personas funcionarias municipales sugiere que los grupos criminales buscan afianzar o recrear redes informales de protección para ejercer el control sobre la política local (…) En conjunto, estos hallazgos indican que el crimen organizado no solo busca incidir en las elecciones, sino también capturar el aparato estatal”
¿Cómo afecta la violencia política-criminal a las mujeres?
De acuerdo con la base de Votar entre Balas, dos de cada diez víctimas de violencia político criminal son mujeres. Estas mujeres, además, estaban más relacionadas con candidaturas y puestos de elección popular, pues el 27% de las mujeres atacadas eran candidatas o excandidatas y el 22% eran autoridades con cargos de elección popular.
En el caso de los hombres sólo el 14% de los hombres atacados buscaba o había buscado una candidatura y el 18% tenía cargos de elección popular. Para Data Cívica: “estas brechas entre mujeres y hombres se deben a que el ámbito municipal sigue siendo un espacio masculinizado”.
¿Qué se puede hacer al respecto?
Para Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, las autoridades electorales y los tres niveles de gobierno deberían de
• Elaborar planes de prevención y protección para las personas candidatas en las entidades con mayor incidencia conforme a sus propias tendencias: Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Michoacán. Estos deberían incluir, al menos, medidas de protección viables para las personas que se encuentren en riesgo.
• Generar mapas de riesgo electoral a nivel nacional, estatal y municipal, para socializarlos con los partidos políticos, instituciones de seguridad y justicia, sociedad civil y actores relevantes, y así mantener la información actualizada y pública.
• Realizar un monitoreo y seguimiento constante de los incidentes de violencia, a cargo y en colaboración por parte de las autoridades relevantes, incluyendo al menos a instituciones electorales, de seguridad y justicia, de los tres niveles y órdenes de gobierno,
• Utilizar los datos para identificar tendencias y objetivos de la violencia político-criminal en el país, más allá de los periodos electorales, con el fin de elaborar planes para su prevención.
• Desarrollar medidas tanto de comunicación como de seguridad que den certeza a las y los votantes de las garantías para su participación.
Esto, precisan, debe atenderse de manera urgente porque “los ataques contra personas funcionarias y candidatas son la cara más visible de la gobernanza criminal, pero es solo una dimensión de este fenómeno”, pues es probable que, a la par, otros controles económicos y sociales estén en marcha o se produzcan en forma paralela.
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Si se desea conocer el Informe en extenso puede revisarse aquí:
https://drive.google.com/file/d/1QTvUO330_V6f8GncKTUpL0pMxo92ptTJ/view
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Ver Proyecto “Votar entre balas”
