Organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias se reunieron para evidenciar algunas de las problemáticas más graves que enfrenta esta población en diversos estados del país.
Entre ellas destaca: el incremento de los casos de violencia sexual en el estado de Puebla; las deficiencias de los servicios de atención y prevención para infancias y adolescencias con VIH en Hidalgo; la contaminación por arsénico en el agua que consumen infancias y adolescencias en escuelas del país que forman parte del programa “Bebederos escolares de México”, entre otras problemáticas.
Por Karen García / @karen_gdlt
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) junto con el grupo de participación de la REDIM: “Juntas y juntos por nuestros derechos”, expusieron los avances que identifican en la agenda de los derechos humanos de las infancias y adolescencias en México, así como sus exigencias hacia los temas pendientes por resolver y la responsabilidad de quienes son autoridades obligadas.
El grupo se encuentra conformado por las organizaciones Juntos con las niñas y niños (JUCONI); Red por los derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS); Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC); El Poder del Consumidor; Cántaro Azul; y Organización IBERO.
Entre sus principales exigencias, reiteraron la necesidad de garantizar a las infancias y adolescencias su derecho a participar en la toma de decisiones para protección de sus derechos. Algunos de los temas que consideraron pertinente en ese sentido fueron: la sequía por la que atraviesa el país, su derecho a desarrollarse en un ambiente sano y la atención a las violencias que sufren.
“El trabajo en equipo aplicando acciones en las que se nos escucha, porque nosotros somos los mejores especialistas en temas de niñez, para generar un impacto en el bienestar y en la eliminación de esta problemática en nuestro país”, expresó Karen de Aquino, integrante del grupo de participación de REDIM.
Por su parte, JUCONI y REDIM señalaron que Puebla se posicionó en el quinto lugar nacional con mayor número de reportes de violencia sexual, con más de 300 mil casos. Diohema Aniellu, Directora de Incidencia de la organización, mencionó que esto es “alarmante”, ya que, además, el análisis que realizaron a las políticas públicas emprendidas por el estado para atender la problemática reflejaron que los servicios de atención y respuesta son “deficientes”.
En ese sentido REDIAS también abordó el tema de la violencia y las desapariciones en el estado de Chiapas. En conjunto con la organización Melel Xojobal, elaboraron un registro donde sistematizaron las desapariciones de infancias y adolescencia desde el año 2015 en la entidad. Con esta metodología observaron que la cantidad y el aumento de las desapariciones contrasta con las cifras oficiales que tiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Según detectaron, de las 3 mil 400 desapariciones en la entidad, el 40% corresponden a la niñez y adolescencia.
REDIAS y Melel Xojobal exigieron que las desapariciones de infancias y adolescencias sean vistos como problemática importante en Chiapas, pues el 31% de la niñez y adolescencia que fue víctima de una desaparición siguen sin regresar a casa desde el año 2020. De estos casos el 75% corresponden a adolescentes y jóvenes de entre 12 a 17 años.
Las organizaciones proponen una campaña de capacitación a las autoridades.
“Que se inicie una campaña de capacitación a autoridades sobre Protocolo Nacional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, para que conozcan sus responsabilidades y procedimientos a seguir, y se priorice esta capacitación en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula y en San Cristóbal de las Casas. Que se destine recursos para que las y los funcionarios puedan atender en tiempo y forma las denuncias, así como dar seguimiento oportuno a los casos de desaparición” mencionó Violeta Galicia, coordinadora operativa de REDIAS.
Mientras que, SEIINAC presentó dos bases de datos con información sobre casos de feminicidios y del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el estado de Hidalgo. Daniel Pavana, analista de datos de SEIINAC mencionó que en la información obtenida, a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), se dieron cuenta que en la última década no se tiene registro de la edad de las víctimas de feminicidio. También compartió que en el 2021, por primera vez, la Procuraduría del estado registró a las infancias en situación de orfandad debido a los feminicidios.
Al respecto, hicieron un llamado para “implementar programas en espacios laborales, educativos y comunitarios que abordan la violencia de género”, también a reconocer a las infancias y adolescencias en situación de orfandad como víctimas y a “garantizar una reparación integral del daño”; además de proporcionar capacitación en perspectiva de “género, derechos humanos y atención específica en casos de feminicidio y violencia de género” a las unidades del ministerio público.
En cuanto a la recopilación de datos sobre el VIH, mencionaron que se registraron durante 2021: 4 mil 662 muertes por este síndrome, de las cuales 977 personas tenían entre 15 a 29 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sus hallazgos demuestran que el 1.03% (17 casos) de las infecciones por VIH fueron transmitidas por vía perinatal, lo que se identificó como 9 niñas y 8 niños (de estos 17 casos, 2 se reportaron como fallecidas).
Exhortaron a las autoridades correspondientes a fortalecer los sistemas de salud y los protocolos de detección temprana en mujeres embarazadas, fortalecer el combate al estigma y la discriminacion asociadas al síndrome y se instó a las instituciones de desarrollo social y educativas para que difundan información actualizada sobre el VIH, sus métodos de prevención, el tratamiento y la importancia de la detección temprana.
“Estas bases de datos no sólo representan números y estadísticas, sino historias humanas y realidades que están afectando directamente a las niñas, niños y adolescentes de nuestra sociedad”, concluyó Daniel Pavana.
Otra de las organizaciones participantes fue Poder del Consumidor, quienes a través de Liliana Baena, su coordinadora, abordaron el tema del entorno alimentario en las escuelas de México. Según informaron, 4 de cada 10 infancias en México viven con sobrepeso y obesidad, lo que significa un problema que debe atenderse. El Poder del Consumidor reportó que de las infancias y adolescencias nacidas a partir de 2010, el 50% de éstas desarrollarán diabetes a lo largo de su vida si esta problemática no es atendida.
A través del Observatorio Ciudadano en las Escuelas de México, encontraron que los ambientes alimenticios en las escuelas no son adecuados para esta población, pues en el 98% venden frituras y sólo en 2 de cada 10 escuelas hay acceso a alimentos naturales y a agua potable.
“Las escuelas son ambientes obesogénicos que no están cumpliendo con el derecho a la alimentación adecuada en un espacio que el espacio debe garantizar”, mencionó la coordinadora.
Insistieron en la importancia de una “política transversal” con 4 puntos importantes:
- La regulación de los ambientes alimentarios y los menús saludables.
- Una educación alimentaria e implementación de huertos pedagógicos.
- La participación social y comunitaria.
- La compra a la agricultura familiar.
También exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que regule la publicidad en entornos concurridos por estas poblaciones y a publicar los nuevos lineamientos antes de junio del 2024, mismos que deben estar atravesados por los principios de sostenibilidad, progresividad y garantía del Interés Superior de la Niñez.
La organización Cántaro Azul, expuso sobre la importancia del agua para un entorno y desarrollo saludable para las infancias. Junto con el Inventario Nacional de Calidad del Agua (INCA) reunieron los datos de aproximadamente 17 mil 377 escuelas que cuentan con el programa “Bebederos Escolares en México” y analizaron la calidad del agua suministrada en las escuelas. Los hallazgos de esta investigación fueron que 600 escuelas tienen contaminación de agua por arsénico, lo que puede generar cáncer de piel, cáncer en la vejiga, en riñones, entre otras enfermedades. Mientras que, se registraron mil escuelas con contaminación de agua por fluoruros, esto podría ocasionar fluorosis dental, rigidez esquelética, problemas neurológicos, etcétera.
También encontraron que hay mil 900 escuelas con contaminación de agua por coliformes fecales, situación que provoca enfermedades gastrointestinales, tifoidea, salmonelosis, malnutrición y si no se atiende estas enfermedades provocarían la muerte.
Expusieron que esta información fue enviada a las instituciones correspondientes para que se atendiera “de manera inmediata”, pero hasta el momento “no ha habido una respuesta clara”.
Por lo que, exigen que esta información y monitoreo se haga de manera constante, que se dé atención inmediata a los casos detectados y que se tenga una respuesta “interinstitucional”, en donde se involucre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), entre otras instituciones.
Sobre la importancia de la inclusión social de las personas con discapacidad, la Organización IBERO informó que junto al Observatorio de Datos sobre la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y el espacio colectivo de monitoreo, analizaron que las barreras que enfrenta la niñez y adolescencia con discapacidad en México son preocupantes, pues es tres veces mayor la población con discapacidad que no asiste a la escuela en relación a las personas que no tienen ninguna discapacidad. Asimismo, informaron que en el tema de salud, la niñez y adolescencia con discapacidad son menos vacunadas.
“Estamos buscando es que se participe, hay muchas bases de datos del INEGI que no han sido analizadas y queremos desde el observatorio poder mostrar más información de más barreras que enfrentan” mencionó Wilfrido Gomez Arias, gestor de Investigación de la Organización IBERO.
Por último, contaron con la participación de REDIM, quienes abordaron el asunto de disciminacion y desigualdad. Mostraron que, las infancias y adolescencias indígenas enfrentan mayores dificultades respecto a la población infante y adolescente indígena. Por ejemplo ésta vive un 17.3% en pobreza extrema, mientras que, “el dato aumenta a 57.6% en casos de niñez indígena”, destacaron.
Además, mencionaron que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminacion (ENADIS), casi 15% de la niñez y adolescencia expresaron haber sido discriminados por su color de piel; mientras que, el 3% de las personas afrodescendientes manifestaron también haber sufrido discriminación.
Finalmente, las organizaciones coincidieron que, en medio del contexto electoral, las autoridades y toda persona aspirante a un puesto público deben tomar en cuenta estas problemáticas, pero sobre todo, deben incorporarlas como temas de agenda y asuntos por resolver en sus programas de gobierno.
“He aquí una muestra de cómo el diálogo colaborativo entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las propias niñas, niños y adolescentes, tenemos mucho por decir, tenemos buenas ideas y tenemos propuestas que pueden ayudar a mejorar sus vidas en nuestro país.” concluyó la directora de REDIM.
