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En esta temporada de campañas electorales, el Movimiento Cannábico de Chihuahua (MCCUU) busca que candidatos y candidatas escuchen sus demandas: transformar la política de drogas en el estado y el país, desde la criminalización y la discriminación hacia la prevención y la reducción de daños.
Texto y fotos por Raúl F. Pérez Lira / Raíchali / @Raichali
Chihuahua.- Bajo el lema “sin mota no hay voto”, el MCCUU pide que se les considere como votantes y se une a un movimiento nacional que exige cambios a nivel federal, aunque sin dejar de lado lo que pueden hacer los diputados y diputadas en el Congreso del Estado.
“Tenemos el proceso electoral más grande que nos ha tocado”, dijo en entrevista Miguel Chacón, uno de los voceros del MCCUU, “necesitamos estos posicionamientos por parte de estas personas para entender qué van a hacer sobre la declaratoria de la suprema corte y cuáles son sus propuestas. Ya no es una opción sólo ignorar que existe la declaratoria general de inconstitucionalidad”.
En 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la prohibición absoluta del uso del cannabis con fines lúdicos es inconstitucional, pues viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, la SCJN también exigió que el poder legislativo regulara el uso de la planta a nivel federal, lo cual sigue sin suceder.
De la criminalización a la eliminación de riesgos
El enfoque de las propuestas del MCCUU a nivel estatal tiene que ver con la modificación de prácticas basadas en la prohibición de la planta.
Estas propuestas fueron trabajadas por el colectivo en conjunto con otras personas integrantes de organizaciones y colectivos de la sociedad civil en Chihuahua, y están incluidas en la agenda de “Diálogos por el futuro”. La idea de estos diálogos fue crear una agenda en común para impulsar ante los candidatos y las candidatas que aspiran al Congreso del Estado en estas próximas elecciones.
De acuerdo con el MCCUU, la criminalización de las personas que consumen cannabis u otras sustancias “no ha mejorado las condiciones de seguridad en el estado”, además de que va en contra al derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo cual ya fue afirmado por la SCJN.
El 96.1 por ciento de las personas detenidas por delitos relacionados con las drogas en México fueron privadas de su libertad automáticamente por narcomenudeo y sólo el 3.9 por ciento fueron vinculadas por narcotráfico, de acuerdo con el informe “Radiografía de la prohibición”, publicado por Elementa DDHH.
A nivel estatal, el narcomenudeo es el tercer delito con mayor número de carpetas de investigación abiertas en Chihuahua, según datos entregados por la Fiscalía General del Estado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Es decir, es uno de los delitos que más ocupa a las fiscalías del estado.
Aunque la regularización del cannabis compete al ámbito federal, el MCCUU sostiene que a nivel estatal hay mucho que las autoridades y los y las representantes podrían hacer. Por ejemplo, sugieren aumentar el presupuesto destinado a la atención a adicciones, pero con un modelo distinto al que se utiliza actualmente, un modelo que promueva “el respeto a la autonomía y dignidad de las personas con problemas de adicción” con un enfoque basado en “la voluntariedad y el respeto a los derechos humanos”.
De acuerdo con Miguel Chacón, algunas de las prácticas utilizadas en los centros de rehabilitación (conocidos como “anexos”), equivaldrían a tortura bajo la legislación mexicana y muchos países. Incluso, muchos de estos centros han sido utilizados por el DIF para encerrar a cientos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades, sin que estos tengan adicción alguna.
La investigación “El DIF encierra a niños, ancianos y personas con discapacidad en centros de rehabilitación de drogas y alcohol”, publicada por Quinto Elemento Lab, documentó estos casos en al menos nueve estados de la república, entre los cuales está Chihuahua.
“Lo más importante que tenemos en Chihuahua tiene que ver con los sistemas penitenciarios y que la rehabilitación es forzada”, explicó Miguel. “La rehabilitación forzada no funciona y creo que le puedes preguntar a quién sea que haya pasado con éxito por un proceso de rehabilitación que lo forzado no es lo que te saca de ese tipo de conducta”.
En los centros penitenciarios de Chihuahua, continuó el activista, el código dicta que si en el examen de “antidoping” la persona que ingresó muestra signos de haber consumido alguna sustancia, es obligatorio que pase por un año de rehabilitación forzada. Ahí, dice, “la rehabilitación es pareja para todos”, y lo mismo juntan a personas que consumen cannabis con quienes usan drogas más fuertes, como el fentanilo o la heroína.
Por esto, el MCCUU propone “no priorizar la persecución de delitos menores relacionados con drogas, sino dirigir los recursos hacia la prevención, la educación y la rehabilitación voluntaria”, a través de “campañas educativas, programas de sensibilización y la promoción de servicios de salud accesibles y no discriminatorios” con la colaboración entre diferentes sectores, como “el sector de la salud, la educación, la justicia y la sociedad civil, para abordar de manera integral los problemas relacionados con las drogas”.
Aunque el uso de la cannabis con fines “recreativos” ya es un derecho garantizado por la SCJN, todavía es necesario que las personas usuarias realicen un trámite para obtener la “licencia de consumo”, un proceso que puede tomar entre seis y doce meses.
Una de las propuestas del MCCUU es cambiar la legislación que regula la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), para agilizar este trámite y que se pueda realizar sin tener que acudir de manera presencial a la capital del estado a estas oficinas y a la del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Los esfuerzos anteriores
En agosto de 2022, el MCCUU entregó al Congreso del Estado un documento con algunas propuesta de modificación a las leyes que rigen el estado, entre las cuales está el prohibir la discriminación hacia las personas que consumen la planta. Este oficio fue recibido por la entonces presidenta del congreso Georgina Bujanda, del PAN, pero fue ignorada.
A nivel municipal, el MCCUU también ha solicitado llegar a un acuerdo para establecer los “espacios compartidos de consumo”, donde se pueda consumir la planta, así como que la policía deje de arrestar gente por esta misma razón. Aunque desde hace casi cuatro años el MCCUU ha organizado “sesiones programadas de consumo” en plazas públicas de la ciudad cada semana o cada dos semanas, esto se hace a manera de protesta y no es un derecho amparado por el código de la ciudad de Chihuahua.
La policía municipal ya detuvo a dos personas del colectivo por fumar la planta en la vía pública. Esto derivó en amparos y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Desde entonces, la policía no ha detenido a nadie del movimiento durante las sesiones programadas de consumo. En una de las sesiones programadas de consumo más recientes los guardias de seguridad del Palacio de Gobierno intentaron interrumpir la protesta, pero desistieron después de un diálogo.
El presidente municipal de Chihuahua Marco Bonilla, del PAN, ha expresado su rechazo a este tipo de protesta varias veces en entrevista con medios de comunicación locales. El candidato de Morena a la presidencia municipal en las próximas elecciones y contrincante de Bonilla, Miguel La Torre, también ha expresado su rechazo al consumo de esta planta desde que era legislador en el PAN.
La legislación 2018-2021, en contra
En marzo de 2021, la legislatura chihuahuense anterior (LXVI) emitió un exhorto para pedir al Congreso de la Unión rechazar la Ley Federal para la Regulación del Cannabis hasta que se realizara un “estudio profundo de las consecuencias que traería su aprobación”. Algunas de las personas diputadas que votaron en esa ocasión de nuevo buscan ocupar un asiento en el congreso del Estado u otro cargo de elección popular.
En este exhorto, los diputados y las diputadas chihuahuenses mostraron su rechazo a la legalización del uso de la planta en el país y argumentaron que había una relación directa entre el uso de sustancias legales e ilegales (como el alcohol, la marihuana, los solventes o el crack) y el aumento de índices delictivos.
“No cabe duda que por meros intereses económicos y recaudatorios, la nueva legislación y demás reformas y adiciones, dañará la salud humana, aumentará la violencia contra las mujeres, la convivencia social y el porvenir de muchas niñas, niños, adolescentes y sus familias. Se pretende hacer de México un país productor de drogas”, se puede leer en dicho oficio que fue enviado a los diputados y las diputadas federales.
El exhorto, con número de asunto 2610, fue propuesto por el diputado panista Jesús Villarreal Macías y apoyado por toda la bancada del PAN y otros, tales como: el entonces panista Miguel Francisco La Torre Saénz, quien ahora es candidato a la presidencia municipal de Chihuahua por Morena; el panista Jorge Carlos Soto Prieto, quien ahora busca una posición de representación proporcional (plurinominal) en el mismo congreso; la diputada independiente Martha Josefina Lemus Gurrola, quien ahora va por el distrito 3 de Ciudad Juárez con el Partido Verde; así como la diputada de Movimiento Ciudadano Rocío Guadalupe Sarmiento, hoy candidata a diputada federal.
Sólo dos diputadas se expresaron en contra de este exhorto: Ana Carmen Estrada García de Morena y Amelia Deyanira Ozaeta Díaz del Partido del Trabajo.
Los diputados de Morena, Benjamín Carrera Chávez y Francisco Humberto Chávez Herrera, así como la diputada Janet Francis Mendoza Berber, se abstuvieron de votar. René Frías Bencomo, del Partido Nueva Alianza, también se abstuvo.
Otros 11 diputados no asistieron a la sesión ese día, la mayoría de Morena y el PRI. Entre estos estuvo el morenista Miguel Ángel Colunga Martínez, quien ahora buscar ser diputado suplente del distrito 15 (municipio de Chihuahua) por el mismo partido.
Recientemente, el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América anunció la reclasificación de la cannabis de la lista de drogas tipo I a la tipo III. Es decir, que dejó de estar en la misma lista que drogas como la heroína y ahora está junto a la ketamina o los esteroides.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
