La justicia y la verdad como refuerzos de la paz

En Pie de Paz

Por Francisco Javier Lozano Martínez / francisco.lozano@udgvirtual.udg.mx

Cuando la falta de la verdad obstruye la justicia, el conflicto y el daño permanecen. 

Esta es una proposición que en sí misma representa un dilema, sobre todo, porque como sociedad no es tan fácil ponernos de acuerdo qué es exactamente la verdad y qué es exactamente la justicia en un plano de lo moral y lo aceptable. “La verdad es relativa”, “la justicia es para quien puede pagarla”, “no hay verdades absolutas”, “la justicia mexicana es injusta”, “la verdad es desde dónde se mira”. Estas son expresiones coloquiales ante la percepción de que el cumplimiento de ambas máximas depende de quienes las emulan o las ejercen. ¿Quién o quiénes personifican la verdad y la justicia? En el plano de lo político y lo colectivo son instituciones, sistemas creados y ejecutados por seres humanos falibles, caracterizados en poderes supremos y constitucionales. 

Si esto lo ponemos en la balanza de la justicia institucionalizada, que se respalda por un amplio y denso marco jurídico (leyes) y por procesos judiciales que pretenden ser apegados a los principios propios de la ley, el problema no se minimiza del todo. La justicia pragmática está apegada a un sistema creado por los mismos seres humanos falibles. Hemos creado un poder constitucional y judicial, considerando que posicionando allí la verdad y la justicia será más difícil corromperlas, y entonces sí, podremos proclamar que ambas son reales por encima de todo. 

No es tan sencillo, porque la verdad judicial está basada en el hecho probado y concreto. Pero para que la justicia sea posible, la verdad entra en dilema cuando el propio sistema proporciona los medios para cuestionarla, razonarla, exponerla y determinarla. Y cuando “la última verdad” es determinada, no siempre es aceptada ni asumida como tal. No siempre existe “la verdad histórica” dictada por un proceso judicial. Y en ocasiones, se nos ha mentido con esa idea. 

Hay hechos concretos e históricos en nuestro país que prueban que nuestro sistema judicial y sus principios son “fácilmente” corrompibles. Por ello existe la impunidad, jueces corruptos, procesos amañados, “verdades” fabricadas, disputas relativas, violaciones a los derechos humanos, juicios y condenas injustas, letargo en los procesos judiciales, condenas apelables y un sinfín de factores que sostienen las percepciones señaladas al principio de esta columna. Que no se malinterprete, esto no significa que todos los procesos judiciales son así o tienen alguno de estos elementos. El argumento se sostiene en la simple premisa de que esto existe, probando que el sistema es falible por sí mismo. 

Según la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI (ENPOL 2021) la población encarcelada en México hasta ese año era de 220.5 mil personas, de las cuáles 94.3% corresponde a hombres y 5.7% a mujeres. De estas cifras, 33% tenían entre 18 y 29 años; 56% entre 30 y 49 años; y 11% más de 50 años. La encuesta reportó que el 36.2% de la población privada de la libertad sufrió por lo menos de 1 acto de corrupción en todo el proceso penal: 17.2% sufrió de corrupción en el centro penitenciario, 16.4% durante la detención, 14.1% al ser presentada en el ministerio público y el 6.2% durante el proceso judicial (INEGI, 2022)

Las cifras no representan poca cosa. Aunado a otros datos que amplían el espectro de la visión sobre el problema. La misma ENPOL 2021 reportó que el 44% de la población podría estar en prisión por haber sido acusada falsamente de un delito; 43% pudo haber sido detenida sin una orden de aprehensión; de las personas presas que sí fueron interrogadas, el 42% reportó haber sido golpeada para echarse la culpa de lo que los acusaban y 34% que fueron engañadas para ser imputadas injustamente. (INEGI, 2022)

Por su parte, organizaciones civiles como “La Cana, proyecto de reinserción social”, “México evalúa” y “Amnistía Internacional” han argumentado que bajo la figura judicial de la Prisión Preventiva Oficiosa (que no es otra cosa más que enviar de forma automática a la cárcel a personas que sean acusadas de varios delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, sin culpabilidad probada), 2 de cada 10 personas encarceladas bajo esta modalidad reciben una sentencia. Es decir, que el 80% de personas que han estado o que están privadas de la libertad esperando una sentencia, fueron o serán declaradas “inocentes” al final del proceso (dure lo que dure), lo cual representa una potencial violación a Derechos Humanos elementales y la presunción de inocencia como un principio judicial y constitucional. Considerando también, que hasta finales del 2022 según el INEGI el 39% de la población encarcelada no había recibido una condena. 

Ante estas problemáticas el Poder Ejecutivo Federal en México ha emprendido en los últimos años una serie de propuestas de reformas judiciales que apuntan a solucionar o aminorar estos problemas sistémicos. Ha sido toda una batalla política, mediática, de poderes, de recursos legislativos y aún judiciales que se “estiran y aflojan”, perpetuando un conflicto institucional que probablemente se alargue un sexenio más. Porque lo que hemos presenciado este sexenio, que está a punto de hacer un corte, es un Poder Judicial que se resiste a una reforma de fondo y forma. 

Esto es un conflicto presente y todas las partes involucradas han argumentado, de una u otra forma, tener la justicia y la verdad de su lado. 

Si bien las cifras aquí presentadas requieren de una actualización a la luz de los principales debates judiciales que hay en el país en los últimos años (como los efectos de la Ley de Amnistía aprobada en abril del 2020 y que todavía este año tuvo algunos ajustes; la reforma que promueve la democratización del poder judicial; o la reforma al Artículo 19 de la Constitución Política Mexicana, que sigue en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su análisis) el asunto de fondo y no resuelto sigue en el terreno de la verdad y la justicia como pilares de la pacificación de una sociedad, que sigue vulnerada por la violencia, el crimen y la injusticia.

La justicia y la verdad son valores supremos per se en una sociedad democrática y fuera de ella. Y podríamos decir que la paz plena es posible si ambas se cumplen. Pero en el plano humano, social, político e institucional esto es poco probable, por no decir imposible. Porque mientras los sistemas creados para promulgarlas son mediados por la falibilidad humana, caracterizada por el conflicto y el daño no siempre reparable, no nos queda más que pensar que la personificación de la justicia y la paz no son de este mundo. 

Esto no minimiza el esfuerzo de la ley, el Estado de Derecho, los sistemas y procesos judiciales, las reformas promovidas, los cambios de fondo que son necesarios y que están siendo impulsados al interior de los mismos Poderes de la Unión. Considerar que las reformas pueden acercarnos más a la justicia es loable de por sí, vale la pena intentarlo, porque somos una sociedad que anhela constantemente el cumplimiento de la justicia, la verdad y la paz. Seguimos apostando por fortalecer los mecanismos que tenemos a la mano para que esto sea posible. Y está bien, de eso se trata la política también, pero el camino por recorrer sigue siendo muy largo. 

Referencias citadas y consultadas:  

Bonet, M. (2024, 23 de junio). Cuatro años de la Ley de Amnistía en México: De corregir injusticias a la libertad a dedo de López Obrador. El País. https://elpais.com/mexico/2024-06-23/cuatro-anos-de-la-ley-de-amnistia-en-mexico-de-corregir-injusticias-a-la-libertad-a-dedo-de-lopez-obrador.html

Castillo, G., & Arellano, C. (2022, 4 de octubre). Sin sentencia, 40% de presos en México. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/04/politica/sin-sentencia-40-de-presos-en-mexico/

Esquivel, K. (2024, 19 de abril). Prisión preventiva oficiosa en México: Por qué buscan invalidarla. CNN en Español. https://cnnespanol.cnn.com/2024/04/19/prision-preventiva-oficiosa-mexico-por-que-buscan-invalidarla-orix/

González, I. (2024, 25 de abril). El Congreso aprueba la reforma que amplía la facultad del presidente para perdonar todo tipo de delito. El País. https://elpais.com/mexico/2024-04-25/el-congreso-aprueba-la-reforma-que-amplia-la-facultad-del-presidente-para-perdonar-todo-tipo-de-delito.html

Infobae. (2022, 4 de septiembre). 80% de presos en México no han recibido sentencia. Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/04/80-de-presos-en-mexico-no-han-recibido-sentencia/

INEGI. (2022). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/

SwissInfo. (2022, 29 de agosto). México ha liberado a 2,685 encarcelados injustamente y por amnistía. SwissInfo. https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-ha-liberado-a-2-685-encarcelados-injustamente-y-por-amnist%C3%ADa/47903466

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Profesor universitario. Certificado Internacional en Cultura de Paz y Gestión de Paz Vinculativa. Miembro del Cuerpo Académico UDG 1097 “Cultura de paz y participación ciudadana”. Integrante del Centro de Estudios de Paz (CEPAZ) del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco (IJA).