En una carta pública dirigida al gobierno de Guerrero, la Mesa Agraria de Carrizalillo respondió al llamado del subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien pidió “cordura” en el conflicto que mantienen con la empresa minera Equinox Gold.
Más de 2 mil 800 comuneros acampan desde el 1 de abril frente a las instalaciones de la minera en exigencia de la devolución de sus tierras, denunciando, además, que la empresa suspendió operaciones de manera unilateral y sin cumplir con sus obligaciones legales ni ambientales.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
En un nuevo capítulo del conflicto entre la comunidad ejidal de Carrizalillo y la empresa minera Equinox Gold, los pobladores acusaron al Gobierno de Guerrero de actuar como vocero de la minera y de ignorar los derechos territoriales de la comunidad. En una carta difundida el 10 de mayo, la Mesa Agraria denunció la postura del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien aseguran minimizó la movilización social y tergiversó el proceso de negociación.
El colectivo comunitario recordó que, desde el pasado 1 de abril, mantienen un plantón con más de 2 mil 800 personas a las afueras de la mina Los Filos, en protesta por el cierre unilateral de operaciones y la negativa de la empresa a renovar el convenio de ocupación de tierras bajo condiciones justas. Según explicaron, Equinox Gold pretendía imponer una reducción del 64% en el pago de la renta de tierras y del 48% en el convenio social, con el aval del propio subsecretario como “testigo de calidad”.
La Mesa Agraria también denunció que la empresa buscó evadir sus responsabilidades legales a través de recursos judiciales que calificaron como “insultantes”, incluyendo una fianza mensual de apenas 1.58 pesos por ejidatario. Aunque el tribunal negó uno de los amparos y condicionó otro a un depósito equivalente al último año de renta —al que la empresa se negó—, los ejidatarios insisten en que se les deben entregar las tierras rehabilitadas conforme a la ley, algo que hasta la fecha no ha ocurrido.
“Lo que está en juego no es sólo la renta, sino nuestro derecho fundamental al territorio”, afirma el comunicado. También advirtieron sobre el grave riesgo ambiental que representa el abandono de residuos tóxicos a cielo abierto sin confinamiento, situación que podría afectar la salud de toda la comunidad.
En su pronunciamiento, los ejidatarios también advirtieron sobre una posible acción de desalojo, luego de que el subsecretario Rodríguez Cisneros declarara que “no habrá represión”. Para la Mesa Agraria, esa sola mención podría preparar el terreno para justificar un acto de violencia institucional en favor de la empresa.
“Que la empresa se vaya, pero no se irá impune”, concluye el documento, que exige al gobierno federal intervenir para garantizar el respeto a los derechos colectivos del ejido y obligar a Equinox Gold a rendir cuentas por los impactos ocasionados.
Organismos de derechos humanos respaldan denuncias de la comunidad
Diversas organizaciones han respaldado históricamente las denuncias de Carrizalillo. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Tlapa, ha documentado desde 2007 las violaciones a derechos colectivos en la región minera de Guerrero. “La operación de Equinox Gold ha implicado impactos graves sobre el tejido social, el medio ambiente y la salud comunitaria. La falta de consulta previa y la criminalización de la protesta son una constante”, han señalado en informes recientes.
Por su parte, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) ha advertido que el modelo extractivo en Guerrero opera con total impunidad, al amparo de autoridades estatales y federales. “Carrizalillo es un ejemplo de cómo las empresas canadienses obtienen ganancias a costa del despojo, y cuando ya no es rentable, se retiran sin reparar el daño ambiental ni social que provocaron”, sostuvo REMA en un posicionamiento de abril de este año.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha subrayado que el Estado mexicano debe garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y comunidades rurales en relación con megaproyectos, y ha pedido que se respeten los mecanismos comunitarios de toma de decisiones.
