Comunidades de la Ribera de Chapala interponen amparo contra la CEA por reservar el proyecto ejecutivo del nuevo acueducto y denuncian violaciones al derecho a la información y al Acuerdo de Escazú.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
La decisión de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) de clasificar como “información reservada” el Proyecto Ejecutivo del nuevo Acueducto Chapala–Guadalajara fue impugnada por comunidades ribereñas ante el Poder Judicial. Integrantes del Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala informaron que el pasado 13 de febrero promovieron un juicio de amparo, radicado con el número 91/2026 en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.
Durante una conferencia de prensa en Guadalajara, las organizaciones denunciaron que la negativa de acceso vulnera el derecho constitucional a la información y contraviene el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional ratificado por México que obliga a garantizar transparencia y participación en asuntos ambientales.
El Frente de Pueblos señaló que la CEA negó la entrega del documento mediante el oficio CEAJ/DJ/UT-07/2026, argumentando que su divulgación “podría comprometer la planeación y ejecución de una obra pública estratégica” y afectar la seguridad de la infraestructura. Para las comunidades, esa justificación no cumple con el estándar constitucional de la “prueba de daño”.
“La autoridad invocó argumentos genéricos sobre seguridad sin demostrar daño real, concreto o proporcional”, se indicó en el posicionamiento. También se cuestionó que no se haya emitido una versión pública del proyecto, como obliga la legislación de transparencia cuando se clasifica información.
Vicente Paredes, comunero coca de Mezcala, sostuvo que el conflicto no puede reducirse a la sustitución de un ducto.
“Nosotros los más perjudicados somos los ribereños. Esta mancha plateada es vida. De ella vivimos, de ella sacamos nuestro alimento y nuestras actividades para sobrevivir”, afirmó.
El representante comunitario advirtió que avanzar con el proyecto sin atender la crisis ecológica del lago implicaría profundizar los daños. “El realizarse este proyecto es acabar con un ecosistema del país y con la vida de los habitantes de la ribera. El lago está contaminado y aun así pretenden traer esa agua a Guadalajara”, señaló.
Francisco de los Santos, pescador de la ribera norte, expuso que la degradación ambiental ha tenido impactos directos en la salud:
“En la ribera tenemos enfermedad renal a causa de estas contaminaciones. Nuestro pescado ha desaparecido. Primero limpien el lago y ahora sí, el agua es de todos, pero cuidémosla”, expresó.
El Frente recordó que en junio de 2025 sostuvo una reunión con autoridades estatales, quienes aseguraron que el nuevo acueducto no incrementaría la extracción más allá de los 7.5 metros cúbicos por segundo concesionados por la federación. Sin embargo, señalaron que hasta ahora no se han hecho públicos estudios actualizados de balance hídrico, escenarios de sequía ni evaluaciones ambientales integrales.
“El conflicto debe dejar de tratarse como infraestructura vieja. Antes de pensar en más acueductos, debe discutirse un plan integral de restauración del lago con presupuesto y cronograma”, se planteó en la conferencia.
Diego Medelez, joven activista de Ajijic, cuestionó la narrativa oficial que justifica la reserva por motivos de seguridad. “No hay mayor riesgo a la seguridad que un pueblo sin agua y un ecosistema destruido. La opacidad no protege la infraestructura, protege decisiones tomadas a espaldas de la gente”, afirmó.
El asesor legal Ángel Abraham explicó que la autoridad no acreditó de manera integral los requisitos de la prueba de daño:
“El comité de transparencia solo invocó dos de las cuatro hipótesis legales. No se demostró que la divulgación genere un daño real al interés público ni que la reserva sea la medida menos restrictiva”, detalló.
El amparo solicita la entrega inmediata de una versión pública del proyecto ejecutivo, el cumplimiento pleno de los estándares constitucionales y la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú. En caso de una resolución desfavorable, adelantaron que recurrirán a instancias superiores.
Paralelamente, las comunidades anunciaron que en las próximas semanas presentarán públicamente su propuesta denominada “Proceso de interlocución itinerante de los Pueblos con las autoridades: Hacia la Restauración del Lago de Chapala”,orientada a construir un plan integral de saneamiento y gestión de cuenca.
Mientras el gobierno estatal sostiene que el nuevo acueducto es una medida de modernización y eficiencia técnica, los pueblos ribereños advirtieron que sin transparencia no puede haber participación informada:
“El Lago de Chapala no es un secreto de Estado”, se leyó en el boletín. “Sin información no hay democracia ambiental”.
