En el marco del #8M, este texto presenta la incidencia de los casos de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Jalisco, cuyo común denominador ha sido la no búsqueda y la dilación de la justicia. En el estado, 705 niñas, adolescentes y mujeres continúan con paradero desconocido desde el año 2014. Esta entrega se suma a la investigación: “Protocolo Alba: en funcionamiento al 1%”.
Por Dalia Souza / @DaliaSouza
En noviembre del año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, los nombres de las víctimas son: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.
La sentencia que emitió la corte sería conocida como la “Sentencia del Campo Algodonero”. Este documento, constituye el primer antecedente de revisión y puesta en marcha de un mecanismo para la búsqueda y localización inmediata de mujeres y niñas en México.
El documento precisa:
“la Corte considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad. Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida”.
De acuerdo con la sentencia de la corte, cualquier otro dispositivo análogo al Protocolo Alba debe seguir los siguientes parámetros:
No obstante, aquellos gobiernos que han pretendido homologar y aplicar el Protocolo Alba en sus estados, han demostrado como sucede en Jalisco, que, aunque se buscó disminuir la incidencia de los casos de desaparición de mujeres y niñas con la implementación del mecanismo, esto no ha sido así; por el contrario, las cifras han ido al alza con una tendencia en ciertos municipios.
Las estadísticas revelan que, tras la puesta en marcha del Protocolo Alba en Jalisco en el 2016, los casos aumentaron un 42%, respecto a los documentados entre 2014 y 2015. El Área Metropolitana de Guadalajara concentra el 94.5% de los casos, sin embargo, municipios como: Puerto Vallarta (117), Lagos de Moreno (17) y Zapotlán el Grande (12) evidencian un incremento no proporcional y/o “correspondiente a su número de habitantes”.
Así lo refiere el informe: “La desaparición de personas en el Estado de Jalisco” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) cuya referencia a su mapa situacional sobre los casos de desaparición de hombres y mujeres, revela que son los municipios de la Zona Centro del estado, seguidos por Puerto Vallarta y Lagos de Moreno en las regiones del Sur y Altos Norte, respectivamente-, son quienes encabezan la lista. Sobre estos últimos, la incidencia del delito se vincula con la trata de personas.
Desde la entrada en operaciones de del Protocolo Alba en 2016 y hasta el mes de diciembre de 2018, 2 mil 549 niñas y adolescentes fueron desaparecidas y, de éstas, 250 permanecen bajo dicha condición. Así mismo, de las 1 mil 389 mujeres adultas víctimas de desaparición, 287 aún continúan con paradero desconocido. Esto significa que, luego de la puesta en marcha del mecanismo, alrededor del 15% del total de las niñas y mujeres desaparecidas en Jalisco NO han conseguido regresar a casa; es decir, 537 hijas, hermanas, madres, abuelas, amigas, compañeras, conocidas que siguen siendo esperadas y buscadas por sus familias.
A estos casos se suman los de niñas y mujeres que desaparecieron durante los años previos a la puesta en marcha del mecanismo. Entre 2014 y 2015, mil 517 niñas y 741 mujeres adultas fueron víctimas de una desaparición en Jalisco, de éstas, 168 continúan con paradero desconocido.
Familiares, amigos y madres de desaparecidos se dieron cita en la glorieta de los niños héroes en la ciudad de Guadalajara para exigir a las autoridades hagan algo, por esclarecer el paradero de sus desaparecidos. Foto Arturo Campos Cedillo.
Desaparecidas y sin ser buscadas
Como se presentó en las dos entregas anteriores, conseguimos documentar que, desde la implementación del mecanismo en el año 2016 y hasta terminar el 2018, la Coordinación Estatal de Protocolo Alba Jalisco, sólo publicó 47 Cédulas Únicas de Difusión de un total de 3 mil 938 mujeres y niñas reportadas como desaparecidas; es decir, sólo 1.1% de los casos fueron reconocidos oficial y públicamente por la autoridad.
De estas 47 Cédulas, 29 han sido dadas de “baja” y 18 aún permanecen vigentes, entre éstas se encuentran las fichas de: Fátima Paola Velázquez Cortez de 16 años desaparecida el 3 de junio de 2016 en Tenamaxtlan; María Fernanda Azpeitia Amador desaparecida el 27 de agosto de 2016 en Guadalajara y Fabiola Montserrat Regalado Guerrero desaparecida el 08 de febrero de 2017 en Zapopan; Karla Gabriela Macías Cortés de 17 años desaparecida desde el 21 de julio de 2017 en Tlajomulco de Zúñiga; e, Indira Alma Angélica Cotero Ortiz desaparecida el 9 de julio de 2018 en Guadalajara.
Al respecto, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), ha documentado otros casos recientes donde, la no aplicación de las disposiciones del Protocolo Alba ha impactado de manera desfavorable la tarea de localizar a mujeres y niñas desaparecidas.
Valeria Estefanía Devora Lucio, Sandra Yareli García Enríquez, Anabel Regla Anguiano, Fernanda Valeria Suárez Loza y Maribel López Rivas, quienes desaparecieron en la Área Metropolitana de Guadalajara entre el 4 y el 11 de enero, son algunas de ellas.
En contraste, el organismo destaca que, existen otras historias exitosas de aplicación del protocolo y localización de mujeres, tal es el caso de Mayte Roxana Renaut Vega -hija del ex subprocurador de justicia del estado de Sinaloa, Felipe Renaut Rentería-. Para esta joven que desapareció el 11 de enero, se publicó y difundió una cédula de búsqueda un día después de los hechos, tanto en las redes sociales oficiales de las dependencias, como en los medios de comunicación; además, fue el propio Fiscal General, Gerardo Octavio Solis, quien dio a conocer su desaparición a través de una rueda de prensa; y con ello, se desplegó un operativo conjunto entre los tres órdenes de gobierno que posibilitó su localización con vida cinco días después.
La sensación que queda para las familias de las niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas en Jalisco que aún no han regresado a casa, es que en Jalisco sólo algunos y algunas son buscados y buscadas, e incluso, reconocen como lo hace la familia de Valeria Devora Lucio, quien desapareció el mismo día que la hija del ex subprocurador, que la voluntad de las autoridades para hacer “aparecer” a las desaparecidas, está condicionada y es excluyente, ya que, sólo “se busca” y “se encuentra” a aquellas que quieren/tienen que ser encontradas por el Estado.
Un círculo virtual de búsqueda versus el círculo de impunidad
Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), advierte que, acciones como la difusión de las cédulas de búsqueda deben ser llevadas a cabo como un elemento vital, indispensable y nunca descartable, en las tareas de investigar, buscar y localizar de manera inmediata y con vida a las víctimas de este delito; puesto que, lo que se pretende con éstas es: realizar una búsqueda colectiva, entre familias, autoridades y sociedad.
Según refiere, todo está relacionado: emitir y publicar la cédula, activar el protocolo e inicia la investigación. El objetivo: realizar un triángulo virtual, donde participen la familia, la autoridad y la ciudadanía todos comprometidos en la búsqueda. Por el contrario, no actuar de manera diligente e inmediata en la difusión de los casos, así como en la puesta en marcha de acciones de búsqueda e investigación, expone a la víctima de desaparición a sufrir cualquier otro delito, en el caso de las niñas y mujeres: “Si se dilata la acción inicial cada día se va aumentando el riesgo, para que ellas tengan o sufran más delitos, inclusive con el riesgo de perder la vida” refiere la experta.
Niñas: el rostro de la desaparición en Jalisco
De acuerdo con estadísticas oficiales de 2016 a 2018, 6 de cada 10 mujeres en Jalisco tenían entre 12 y 17 años cuando fueron desaparecidas; es decir, el 66.2 % de las víctimas es menor de edad. De la misma forma, durante los primeros 18 meses de la ejecución del Protocolo, Al respecto, CATWLAC y Cladem dos organizaciones referidas en esta investigación y que han dedicado sus acciones a la defensa de los derechos de las mujeres en México, América Latina y el Caribe, han documentado el incremento en la desaparición de niñas y jóvenes en el interior del estado.
Alejandra Cartagena, abogada y subcoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), denuncia estas prácticas: “Nosotras documentábamos que eran más pequeñas quienes estaban desapareciendo en el interior del estado. Entonces, hay una asociación entre el tipo de mujeres que están desapareciendo que son mujeres jóvenes, en edad reproductiva”
Así mismo, sentencia Teresa Ulloa de CATWLAC, estos casos de desaparición están vinculados a grupos del crimen organizado, que operan a través del Cártel Jalisco Nueva Generación en el territorio que divide a Jalisco de Guanajuato: “El Protocolo Alba, frente al fenómeno que se está viviendo en Jalisco sobre todo en cuanto a mujeres en la frontera entre Guanajuato y Jalisco, es una cosa terrible. Sabemos que es la presencia de uno de los cárteles que en este momento es más poderoso de México y como ellos se han venido involucrando en la trata y explotación sexual de mujeres”.
Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, la huella innegable
Ana Elvira Castillo Mireles de 23 años, Roció Cabello Rodríguez de 24, Isabel Veloz de 12 años y Juana Liliana Ventura Hernández de 18, desaparecieron todas en Lagos de Moreno entre los años 2014 y el 2016; sus historias dan cuenta de la tragedia que sus familias viven desde que no regresaron a casa pero también evidencian la negligencia que prevalece en las delegaciones regionales para que sus hijas sean buscadas.
En Puerto Vallarta también padecen lo mismo; Sandra Quiñonez, integrante del Colectivo de Mujeres de Puerto Vallarta, explica que aunque este municipio forma parte de una de las redes de trata, prostitución infantil y turismo sexual más grande del país y del mundo, las autoridades regionales y estatales permanecen omisas e inoperantes, invisibilizando la problemática y manipulando las estadísticas reales del contexto de violencia que padecen.
El pasado 28 de febrero, Sandra junto con el Colectivo de Mujeres, sociedad civil y familiares de las víctimas, dieron con el paradero de cuatro menores de edad que se encontraban retenidas contra su voluntad en una de las colonias de esta ciudad, que también es un destino turístico internacional.
La defensora, señala que en el municipio sólo existe un Ministerio Público y dos Policías Investigadores para atender los casos de desaparición de niñas y mujeres, mientras que, no se cuenta con un área especializada para atender el delito. Además, las familias que llegan a denunciar la desaparición de sus hijas, hermanas y madres, son obligadas a esperar de 24 a 72 horas antes de que su caso sea atendido por un funcionario, con ello también, difícilmente son emitidas las Cédulas Únicas de Difusión sobre los casos.
“Nosotros hemos detectado que sobre todo en esta zona, que los indicadores de seguridad son manipulados por las autoridades; les asusta mucho que se conozca el número de casos de delitos que tengan que ver con violencias hacia las mujeres. Ellos tienen la percepción de que, si ven muchas alertas, los turistas ya no van a venir a Puerto Vallarta y por ello, tratan de retrasar lo más posible la emisión de Cédulas”, precisó Sandra Quiñonez.
De la omisión a la colusión en la desaparición de mujeres
Alejandra Cartagena integrante de Cladem, manifiesta que la mala praxis del Protocolo en todos los ámbitos de su aplicación y, respecto, al contexto de las desapariciones de niñas y mujeres, así como, a su vínculo con otros delitos, no podría coexistir sin la participación, por acción u omisión de servidores públicos en el estado: “lo que está pasando tanto al interior del estado como en el área metropolitana de Guadalajara, no sería posible sin la complicidad de las autoridades y esas autoridades deberían ser sancionadas”, advierte la abogada.
Hasta el momento, sólo se ha hecho púbica la detención de Alejandro Frausto, agente investigador asignado al Protocolo Alba, quien junto con nueve personas más fue acusado en el año 2016 de la privación ilegal de la libertad y homicidio de seis personas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
¿Dónde están las desaparecidas?
Vincular la desaparición de mujeres y niñas con otros delitos, implica reconocer que existe una red de complicidad, corrupción e impunidad entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y grupos del crimen organizado; así lo refiere Teresa Ulloa de CATWLAC, quien precisa que las víctimas que han sufrido una desaparición en México y particularmente en Jalisco son localizadas, cuando esto sucede, en diversas ciudades del país, pero, además, fuera de las fronteras continentales. Algunos de estos sitios son: Puerto Vallarta, Manzanillo, Tijuana en nuestro país peo también en: San Diego, Carolina del Norte, Carolina del Sur en los Estados Unidos e, inclusive en Madrid, España.
Cuando las acciones de búsqueda inmediata no son llevadas a cabo con la debida diligencia y prioridad, la posibilidad de encontrar con vida a las mujeres y a las niñas se desvanece. Al respecto, luego de la aplicación del Protocolo Alba en 2016 y hasta el año 2018, 1.3% de las mujeres y niñas desaparecidas, fueron localizadas sin vida; es decir, 45 víctimas que se suman a la violencia feminicida.
El circulo de impunidad
La no implementación del protocolo determina, tanto la eficacia del mecanismo en la labor de localizar de manera urgente, inmediata y con vida a las víctimas, y vuelve proclive la consecución de otros delitos en contra de las mujeres y las niñas, como lo son: la trata, la esclavitud sexual, el trabajo forzado y el feminicidio.
De acuerdo con el marco legal del mecanismo, el no cumplimiento de la aplicación del Protocolo Alba por parte de los servidores públicos obligados, ameritará “sanciones administrativas e investigaciones penales correspondientes”, esto en virtud de “los instrumentos relativos y aplicables para la responsabilidad y sanción de servidoras y servidores públicos, así como de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares”, no obstante, a casi tres años de Protocolo Alba no se tiene información sobre servidores públicos sancionados.
Finalmente, aunque por ley las familias tienen derecho a “conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometió la desaparición, y los hechos constitutivos de delitos vinculados a ésta”, los familiares, refieren en su mayoría que, prevalece un círculo de impunidad ligado a prácticas de ocultamiento y negación de la información.
Desde el año 2014 hasta noviembre de 2018, 6 mil 196 mujeres y niñas han sido reportadas como desaparecidas en Jalisco, de éstas 705 esperan regresar a casa.
