Coronavirus y la anomalía Nuevo León

Por Jesús González Ramírez, Nuevo León, México.

Defensor de Derechos Humanos y autor del libro “Primavera Regía Pospuesta”.

Al día de hoy la estrategia de atención a la epidemia del coronavirus en México es un rompecabezas, hay una estrategia federal, pero en la segunda semana de marzo los estados decidieron tomar acciones por su lado, diferentes a la acción federal pues no estaban de acuerdo con la estrategia pasiva.

Hoy la emergencia es atender las consecuencias de la epidemia de salud y evitar muertes, tomar muy en serio las medidas de distanciamiento físico (no social, si físico), atender las consecuencias económicas en las personas más vulnerables y las consecuencias emocionales en el resto de la población. Ese es el enfoque ahorita pero no nos priva de analizar las realidades.

El enfoque por el que optó Nuevo León, cabe aclarar, no es producto de una planeación gubernamental ni de un buena práctica de gobierno, pues el mandato de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” ha sido de los peores en la historia del estado, dos ejemplos:

No ha podido terminar ni concretar una sola obra pública grande en los cuatro años de gobierno y es el único gobernador oficialmente delincuente en funciones en el país (fue denunciado y vencido en juicio en todas las instancias legales por desviar millones de pesos a su fallida campaña presidencial, fue multado y espera sanción que puede ser desde la inhabilitación hasta la destitución).

El enfoque es producto de la presión de los empresarios que influyen de manera decisiva en la vida política formal del estado, de su exigencia de mantener el control social que han ido perdiendo sobre la población desde 2010, si la emergencia de salud y económica provoca una rebelión social en Nuevo León entonces ellos pierden su mano de obra dócil, el control económico sobre los recursos naturales (destrucción de cerros para elaborar cemento y agua para refresco y cerveza), la enorme extracción de recursos económicos de la población vía el hiperconsumismo instaurado como valor en el estado y que tiene su correlato en el enorme número de personas con obesidad y enfermedades crónicas, pues somos el estado que más consume refresco y cerveza, entonces no es poca cosa por la que los empresarios decidieron meter las manos.

El momento de quiebre de la estrategia federal donde se convirtió en un rompecabezas es la segunda semana de marzo; el 12 de marzo, sin previo aviso, el Tec de Monterrey anunció que suspendía, a partir del día 17, clases presenciales en un comunicado oficial donde decía:

“Hoy tenemos la ventaja de conocer lo que ha sucedido en el resto del mundo y de entender mejor la naturaleza de propagación de esta pandemia, su comportamiento y las proyecciones de lo que podríamos esperar para nuestro país. Sabemos también lo que han hecho los países e instituciones que han logrado reducir el impacto tanto en propagación, como en fatalidades”.

Esto iniciaba de facto la cuarentena y la decisión la tomó el Tec desde Nuevo León, como contexto por esos mismos días el presidente López Obrador decía “Hay que abrazarse, no pasa nada” y algunos días después “No dejen de salir, yo les voy a avisar cuando no salgan”; al Tec le siguieron las dos universidades grandes del estado, la UDEM y la UANL, que anunciaron sus suspensiones para el día 17 también, sólo la Universidad Metropolitana (propiedad del Jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo Garza) no suspendió clases sino varios días después.

La SEP anunció la suspensión de clases para niños, niñas y adolescentes para el día 20 de marzo pero los gobernadores de algunos estados, entre ellos Nuevo León, decidieron que las suspenderían el día 17 también; una semana después, el día 23, la Organización Mundial de la Salud – OMS declararía que México ya se encontraba en etapa de transmisión comunitaria del virus hecho que tendría que reconocer el gobierno mexicano y anuncio el inicio de la fase 2 el día 24 de marzo pidiendo a la población que se quedara en casa.

A partir de ese momento, el gobierno de Nuevo León comenzó a realizar acciones para forzar una cuarentena mayor, en acuerdo con hospitales privados comenzó la construcción de espacios adicionales en sus estacionamientos como prevención de una atención masiva lo que diferenciaba la estrategia federal con la local de nuevo; anunció que contaba con 50 mil test para pruebas de coronavirus y que realizaría una estrategia al estilo Corea del Sur para salir y detectar grupos de contagio y aislarlos junto a sus contactos, para esto se alió con hospitales privados y laboratorios de análisis clínicos, las pruebas serían sin costo a la población, esta estrategia iba en contrario a la federal que sólo esperaba a hacer la prueba a personas con síntomas graves como quedó constancia en los medios de comunicación, incluso, en los recientes días se lanzó un módulo Drive-thru donde las personas que tuviesen síntomas del virus podían llegar en su auto y realizarse la prueba de manera gratuita.

Al mismo tiempo los municipios comenzaron a coartar la libertad de tránsito, Santa Catarina fue de los primeros que lanzaron a su policía a desalojar parques públicos, conforme terminaba marzo y entraba abril esta práctica se repitió en el resto de los municipios del área metropolitana.

El gobierno anunció una suspensión del cobro del impuesto sobre nómina y anunció una alianza con tiendas de autoservicio el 2 de abril, en esta se darían 100 mil despensas a familias que necesitaran el apoyo (aún no es claro si ha funcionado o no pues se saturó el número de teléfono de contacto y ya no es contestado desde hace varios días) como consecuencia o seguimiento de esto se anunció una alianza mayor entre las empresas más grandes del estado y sus organizaciones civiles que buscarían reunir un fondo de 200 millones de pesos para atender a personas sin trabajo y en riesgo de hambre, muchas de esas empresas donaron material como cubrebocas para médicos además de que en las últimas semanas se anunció el uso obligatorio de cubrebocas varios días antes que otros estados y en contrario a lo que recomendaba el gobierno federal.

Hoy existen ya cercos de policía entre los municipios para impedir el paso a personas que ellos asuman que no están en una acción esencial. La estrategia se extendió a la zona noreste pues los gobiernos de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se reúnen cada semana para definir acciones y ya existe al menos una reunión virtual con el gobierno de Texas.

Hay un oportunismo claro del gobierno de Nuevo León para intentar lavar su imagen y ha logrado subir algunos puntos en las simpatías de la gente, no mucho, pero si lo ha logrado, ese oportunismo incluso pasa por intentar posicionar políticamente al Secretario de Salud, Manuel de la O, hacia las elecciones del 2021, pero el hecho es que las acciones han sido concretas, claro, impulsadas por los empresarios que ya explicamos cuál es su verdadero interés.

Los números dan cuenta de esta anomalía y es algo que no ha podido ni querido solucionar el gobierno federal, dando paso a un conflicto político que no se menciona, al día 15 de abril Nuevo León reportó en su conferencia diaria 230 casos confirmados de coronavirus, pero el gobierno federal sólo reconoce en su conferencia diaria 150, es decir que 80 personas enfermas no existen peor aún, el gobierno de Nuevo León reporta 7 fallecido, pero el gobierno federal sólo reconoce 5

¡La proverbial cifra negra de todo en la que México es experto! En desaparecidos, en pobres, en desplazados por la guerra, en victimas de agresión sexual, en violencia familiar. Esta diferencia se da porque el gobierno federal pone como trámite burocrático que los casos tienen que ser reconocidos por el INDRE – Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y sólo reconoce 147 (aquí hay una inconsistencia porque debería ser 150 según los números federales) y Nuevo León reconoce 67 casos más reportados por hospitales privados y 16 por laboratorios privados.

El enfoque debe ser atender la emergencia como mencionamos al principio, pero en cualquier parte del mundo se debería iniciar una investigación legislativa amplia, unos meses después de haber terminado la pandemia, para determinar errores, aciertos, correcciones y por supuesto responsabilidades en caso de existir, determinar la actuación de cada estado.

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