Las medidas sanitarias emitidas por el Gobierno de Jalisco determinaron que las y los adultos mayores al ser población vulnerable frente al COVID-19 quedarían impedidos de ingresar a comercios y tiendas departamentales; esta medida que pretendía cuidarles ha complicado mucho la compra de víveres y alimentos, pues muchas de ellas y ellos viven solos.
Ante esta realidad, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco exigió a las autoridades estatales que retiren las medidas cautelares que prohíben que las personas adultas mayores puedan acceder a tiendas de autoservicio, departamentales y comercio, pues éstas han resultados restrictivas para el libre ejercicio de sus derechos.
Por Christian Cantero a // @ChristianChMalv
Lourdes de 63 años, tiene el cabello cano y las manos temblorosas. Ella espera de pie, a un lado de una fila de personas que ingresan con carritos de supermercado; recargada en la columna de una barda a la entrada de la sucursal Waltmart, no tiene más remedio que permanecer ahí, pues las medidas cautelares aplicadas por el Gobierno de Jalisco para evitar mayores contagios de COVID-19, le quitaron la posibilidad de hacer sus compras.
Ella es cercana al lugar, vive a tan sólo siete cuadras de ahí, dice que sale solo una vez al mes de su casa para comprar medicina en el lugar al que ahora no puede entrar, pero ahora le impidieron la entrada. Dice estar molesta porque tampoco ofrecieron una solución para ayudarle a hacer su compra o tener alguna medida de apoyo para facilitar las compras sin necesidad de entrar al lugar.
Desde que arrancó el año, las medidas de restricción social en Jalisco establecieron restricciones parciales en tiendas de autoservicio, departamentales y comercio, pues a éstas no pueden acceder adultos mayores y niños; así las personas de la llamada “tercera edad”, como Lourdes, tienen que depender de alguien más para realizar sus compras, pues las medidas restrictivas no contemplaron que en Jalisco, conforme a INEGI, dos de cada 10 adultos mayores viven solos.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), al 1 de julio de 2019, el 7.3% de la población total del estado eran adultos mayores 65 años o más, lo que equivale a 605 mil 803 personas.
De éstos, a decir del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), siete de cada diez reciben ingresos por pensión, jubilación o a través de programas sociales; sin embargo, la condición de recibirla no ha sido suficiente para erradicar la pobreza entre esta población. Sobre todo en las mujeres de edad avanzada, ya que son más propensas a carecer de pensión por jubilación y, por tanto, son quienes más dependen de los apoyos gubernamentales.
Ernesto tiene 58 años, es viudo y sólo tiene un hijo que vive en otro estado. Para vivir depende de sí mismo; así que no hay nadie que pueda realizar sus compras: “es una medida egoísta, porque no tienen un plan de apoyo para algo tan simple”.
“¿Y mientras tanto, qué?” se pregunta Ernesto, aunque espera que su hijo pueda ayudarle a obtener alimentos y productos básicos, es muy complicado solicitar ayuda de alguien que vive en otro estado. Todo sería mejor si a éste le dejaran pasar para realizar sus compras en un tiempo específico como, por ejemplo, sí ocurre en algunos otros estados donde de las 7 a las 11 de la mañana se les permite entrar a los adultos mayores a los comercios.
Aunado a las restricciones para hacer sus comprar, las y los adultos mayores también vieron restringidas sus prácticas de socialización, pues muchas de ellas tenían como puntos de encuentro plazas públicas y/o comerciales, las cuales también quedaron parcialmente prohibidas, acordonadas y cercadas para evitar la interacción social y familiar como una posible medida preventiva para evitar más contagios.
Con ello, el aislamiento se ha considerado como la única alternativa segura para esta población, la cual en Jalisco -al 7 de febrero- ha contabilizado 17 mil 517 casos positivos y 6 mil 318 decesos; esto significa que el 24% de todos los casos positivos detectados en Jalisco (72 mil 392) han recaído en personas mayores a 60 años; en el caso de las lamentables muertes, las y los adultos mayores representan el 70% de todas las víctimas fatales de COVID-19.
Postales de adultos mayores esperando a que sus familiares salgan de comercios a los que ahora no pueden ingresar (Fotos: Christian Cantero).
Asilos y casas del adulto mayor, lugares de alto riesgo
La situación de riesgo para la población de más de 60 años en Jalisco también se ha manifestado en asilos o casas del adulto mayor, pues de acuerdo a la Secretaría de Salud Jalisco han sido ya 19 brotes epidémicos en estos sitios, lo que ha provocado 25 decesos; 15 de éstos en el Asilo San José en Zapopan.
Para ello la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió un pronunciamiento para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas adultas mayores durante la pandemia por el COVID-19, esto debido a que los adultos mayores se encuentran entre las personas con mayor vulnerabilidad frente al virus, pero también, se encuentran en una posición de desventaja por diversos factores.
“No se debe olvidar que las personas adultas mayores pertenecen a un grupo vulnerable que requiere mayor atención y cuidado para preservar su salud y una vida digna en condiciones de igualdad”, precisó el organismo.
Por tanto, instaron a que la Secretaría de Salud Jalisco y del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco giren instrucciones para que se realice una minuciosa investigación en los asilos registrados en el estado, en la que se verifique la aplicación de los protocolos establecidos por las propias autoridades de salud; así como las medidas sanitarias necesarias e indispensables para evitar la propagación del Covid-19 en esos espacios.
La CEDHJ obtuvo una participación de 65 asilos para una encuesta, donde existe una población de mil 445 residentes, de los cuales mil 007 son mujeres y 438 hombres.
Exigen se retiren medidas restrictivas de derechos
Respecto a las medidas cautelares que restringen la entrada de las y los adultos mayores a locales comerciales y de autoservicio, este 7 de febrero emitió un comunicado donde solicitan que:
“las autoridades actúen con inmediatez en la adecuada y respetuosa aplicación de las medidas, ponderando el derecho a la salud y el acceso a proveerse de los insumos necesarios para satisfacer sus necesidades, a efecto de erradicar cualquier acto que provoque su discriminación; exhortamos igualmente a toda persona prestadora de servicios a evitar actos que impliquen que cualquier persona sea lesionada en su esfera de derechos fundamentales”.
Para el organismo es claro que esta medida resulta excluyente y discriminatoria; por tanto, se debe respetar que:
“Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero sobre todo a subsistir. Es importante reiterar que muchas personas adultas mayores viven solas y no tienen más medios que sus propios esfuerzos para proveerse de víveres y servicios, por lo que negarles el acceso a estos es un acto que evidentemente vulnera sus derechos humanos”.
En próximo días, la CEDHJ instalará un equipo de consulta emergente con especialistas y la representación de personas adultas mayores para resolver estas medidas que en el presunto afán de protegerles: “han restringido sus derechos humanos”.
