#Anuario2021
Por Ximena Torres / @ximena_tra
Los y las diputadas de Jalisco tienen a su disposición herramientas legales que facilitarían su trabajo si hoy votaran a favor de la despenalización del aborto. Por un lado, están los criterios recién emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o la Corte). Por otro, el “Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México” y los ejemplos de otras entidades federativas que ya legalizaron la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que falta es la voluntad de la legislatura para llevar a cabo los cambios.
Ya de por sí septiembre es el mes de la marea verde por el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal, el 28s. Durante 2021, la conversación sobre el aborto tomó aún más reflectores en todo México por las decisiones que se tomaron en la SCJN a favor de la vida libre, digna y segura de las personas con capacidad de gestar.
En Jalisco, no faltaron los grupos de mujeres y personas activistas que se dedicaron a exigir que las leyes locales sean congruentes con dichas resoluciones de la Corte.
¿Qué dijo la Corte?
El camino de las resoluciones empezó con la acción de inconstitucionalidad 148/2017 que la Procuraduría General de la República (hoy FGR) inició contra los artículos 195, 196 y 224 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. En ellos se imponían de uno a tres años de prisión a las mujeres que se practicaran un aborto o a las personas que las ayudaran.
El 7 de septiembre de 2021 la discusión llegó a su fin en el Pleno de la SCJN. Todos los y las ministras presentes concluyeron que castigar penalmente la interrupción del embarazo voluntario es inconstitucional. Específicamente, va en contra del derecho a la libertad reproductiva de mujeres y personas gestantes. En su discusión, resaltaron argumentos a los que las activistas han recurrido desde hace años.
“¿Quién le va impedir interrumpir su embarazo a una mujer que está desesperada por continuar con su proyecto de vida? La realidad nos da la respuesta: ni el peligro de la clandestinidad, ni las amenazas sociales, tampoco el miedo a perder la vida y mucho menos a cometer un delito y comprometer su libertad”, dijo la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Las reformas constitucionales más recientes sobre el Poder Judicial de la Federación y la votación por unanimidad en la Suprema Corte provocaron que ahora, ningún juez o jueza en México pueda dar un castigo penal por abortar. De septiembre de 2021 en adelante, todos deben considerar invalidas las leyes locales que criminalizan el aborto.
En los días siguientes se llevaron a cabo otras discusiones que también tenían que ver con el derecho al aborto. El 9 de septiembre los y las ministras invalidaron parte de la legislación de Sinaloa que declaraba la defensa de la vida desde la concepción. Se concluyó que el producto de la gestación sí merece una protección que incrementa con el tiempo del embarazo, pero eso no puede restringir la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes.
Además, agregaron que las entidades federativas no son competentes para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la propiedad o no de derechos.
La tercera resolución de la SCJN se refería al derecho a la objeción de conciencia, especialmente del personal sanitario. La Corte dijo que, hasta el momento, no se habían establecido límites claros para ejercer la objeción sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas. Entonces, invalidó el artículo 20 Bis de la Ley General de Salud y llamó al Congreso de la Unión a legislar con más claridad sobre el tema.
Las reacciones por cada resolución no se hicieron esperar. Sobre todo con la primera, de la no criminalización del aborto, muchas organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres celebraron. Consideraron lo sucedido como una puerta para “sacar” el aborto voluntario de los códigos penales locales.
En Jalisco también hubo reacciones contrarias. Algunos grupos que se oponen a los derechos de las mujeres pidieron a los y las legisladoras locales no atender las resoluciones de la SCJN.
A ellos se unieron algunos funcionarios, entre ellos Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo en la recién concluida LXII Legislatura dijo que “en Jalisco se protegerá la vida desde la concepción”.
Ante esas declaraciones muchas de las activistas locales decidieron posicionarse también. 28 organizaciones y colectivas agrupadas en la Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres en Jalisco hicieron un pronunciamiento para exigir a los y las diputadas armonizar las leyes locales con las resoluciones de la SCJN. Llamaron, sobre todo, a la Legislatura entrante a “poner al centro de interés, los derechos de las mujeres”.
“Para nosotras era importante recordar que también estamos acá y vamos a exigir que se cumplan las normas. Con nuestro posicionamiento queríamos dejar un antecedente”, explica Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derecho Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddser) y a la vez, de la Red de Defensoras que lanzó el comunicado.
Las organizaciones exigen especialmente que eliminen el artículo 228 del Código Penal del Estado de Jalisco, que castiga hasta con dos años a las personas gestantes que interrumpan su embarazo voluntariamente o a las personas que les ayuden a abortar. También que modifiquen el artículo 4 de la Constitución Política local para que dejen de considerar y proteger la vida humana desde la fecundación. Y finalmente, que regulen mejor los límites de la objeción de conciencia, depositada en el artículo 187 de la Ley de Salud del Estado, para que, en su ejercicio, no ponga en riesgo los derechos de ninguna persona.
La comunidad de personas no binaries y masculinidades trans también hicieron sus voces presentes para recordar que, en el debate de la despenalización sus cuerpos han sido excluidos a pesar de su capacidad de gestar.
“Hoy es un día histórico para todas las mujeres mexicanas y personas gestantes”, dijo el ministro presidente Arturo Zaldívar el 7 de septiembre. Que se utilice este último término es un parteaguas en la legislación mexicana, dice Lorena Vázquez, investigadora legislativa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Si las identidades de todas las personas gestantes siguen sin nombrarse y tampoco se desarrolla documentación médica de sus experiencias, se construyen más barreras para quienes necesitan acceder a abortos, opinan especialistas sobre el tema.
Además, no todas las colectivas están preocupadas por sensibilizarse, reconocer y apoyar a los grupos de población diversa, pero quienes sí lo hacen, como Mis Amigas Me Acompañan, están seguras de que las mareas verdes y violetas no deben ni pueden ser separatistas.
¿Qué implican las decisiones de la Corte para Jalisco en términos legales?
Si las organizaciones todavía exigen la armonización de las leyes locales ¿en Jalisco se puede abortar legalmente o no?
Fernanda Díaz de León Ballesteros, abogada y gerente del Programa de incidencia y acceso comunitario de Ipas CAM (Centroamérica y México), dice que no. Las personas que desean interrumpir su embarazo en Jalisco todavía no pueden ir a un centro de salud pública a solicitar el servicio. Justamente porque todavía existe el artículo 228 del Código Penal del Estado.
Lo anterior significa que el aborto en Jalisco se considera un delito que no se puede castigar.
Es cierto que la SCJN, aunque es el máximo tribunal en el que recae el Poder Judicial en México, no puede obligar al Congreso de Jalisco a reformar sus leyes. Su decisión de septiembre pasado solo afectó directamente al Código Penal de Coahuila porque de dicho instrumento surgió la discusión.
Sin embargo, los y las funcionarias del congreso de Jalisco sí están obligadas a garantizar los derechos de las mujeres y personas gestantes, así como a atender las exigencias ciudadanas en coherencia a los que dictan los más altos poderes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que sí cambió en la realidad estatal es que las mujeres sentenciadas y privadas de su libertad por abortar deben ser liberadas. La investigación “La criminalización del aborto en México”, de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) expone que en Jalisco, de 2007 a agosto de 2021, se emitieron 36 sentencias condenatorias por ese motivo.
Si una mujer o persona gestante quiere abortar legalmente en Jalisco, lo puede hacer a través de un amparo. Aunque Fernanda Díaz de León explica que el proceso no es accesible para cualquiera. Eso no significa que el acceso al aborto sea nulo. Desde hace años existe una gran diversidad de colectivas y organizaciones cuyas integrantes se han capacitado para hacer el trabajo que el Estado se ha negado a realizar. Acompañan interrupciones autogestivas, seguras y amorosas con Misoprostol, el mismo medicamento y técnica que la Organización Mundial de la Salud recomienda en su manual de práctica clínica para un aborto seguro.
“El acompañamiento es la vivencia del derecho” dicen las acompañantas, “es garantizar el derecho que se nos ha negado”. Si no es necesario pedir permiso al Estado para abortar ¿por qué seguir luchando por sacar el tema del Código Penal?
Patricia Ortega, coordinadora en Jalisco de Ddser, atribuye la importancia de la legalización a la diversidad de mujeres y circunstancias que atraviesan cuando viven un embarazo no deseado. “Los abortos autogestionados son mejores e ideales, pero lamentablemente no todas las mujeres tienen acceso a ellos”, comenta. Desde su experiencia en la Red por los Derecho Sexuales y Reproductivos reconoce que hay mujeres que prefieren no abortar en casa, sino que se sentirían más seguras acudiendo a un centro de salud, acompañadas de personal médico.
Además, en contextos de violencia sexual, a veces es mejor acceder a una interrupción quirúrgica a través de una Aspiración Manual Endouterina (AMEU), pues el procedimiento es más corto e implica menos acciones por parte de la persona paciente.
Los contextos en los que no se tiene acceso al Misoprostol también son una realidad que persiste, sobre todo, en las periferias de la ciudad y los municipios del interior de Jalisco. En la publicación “Acceso al aborto en Jalisco: a 49.3 kilómetros del Misoprostol”, se cuenta la historia de Judith, una joven originaria de Atequiza que tuvo que viajar a Guadalajara para comprar el medicamento e interrumpir su embarazo no deseado debido al estigma y la violencia que seguramente viviría en su localidad si abortaba ahí.
¿Qué seguirá de la despenalización?
Después de sacar el aborto del Código Penal del Estado de Jalisco, el tema tendrá que pasar a la Ley de Salud local para su regulación.
El Programa para la Interrupción Legal del Embarazo en los Servicios de Salud del Estado de Jalisco tendrá que actualizarse para establecer los procedimientos para atender todos los casos de solicitud de aborto, con cualquiera de sus variantes. Hasta la actualidad dicho programa solo atiende casos por violación y riesgo a la salud de las personas gestantes, las únicas dos causas que permiten acceder a un aborto legal en la entidad.
La buena noticia es que ya existen todas las herramientas que los y las legisladoras necesitan para hacer esos cambios. “No hace falta encontrar el hilo negro”, dice Patricia Ortega.
Además de los criterios de la SCJN, desde junio de 2021 existe el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México. Una herramienta de la Secretaría de Salud Federal que incluso contempla el aborto autogestivo, con información suficiente, como una opción deseable. Solo haría falta adaptar el Programa local a este lineamiento.
En el camino, las organizaciones de la Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres en Jalisco seguirán exigiendo sus derechos desde la movilización pública. La presión no será poca, porque la armonización de las leyes en la Legislatura actual “por la buena, no va a ser”, dice la doctora Patricia.
“Aunque la mayoría del congreso serán mujeres, sabemos que los partidos son instancias patriarcales, jerarquizadas y no son las mujeres las que establecen la agenda ni las prioridades. Algunas diputadas se han manifestado a favor de la despenalización, pero sabemos que sus partidos no son democráticos y que no van a dejarlas moverse de manera independiente”.
Sin embargo, la coordinadora de Ddser piensa que si las y los legisladores son inteligentes armonizarán las resoluciones de la Suprema Corte, pues la carrera rumbo a las elecciones del 2024 está cerca y las mujeres y personas no gestantes no están dispuestas a seguir “representadas” por funcionarios que no defienden sus derechos.
***
El Anuario Independiente es un trabajo de colaboración entre ZonaDocs.mx y Territorio.mx
Hay 200 ejemplares disponibles y al adquirirlo estarás contribuyendo a que el periodismo independiente se fortalezca.
Puedes adquirir el tuyo en https://zonadocs.org/producto/anuario/ o en https://territorio.mx/tienda/anuario-2021/
