Dos años después de la detención arbitraria, desaparición forzada y tortura de alrededor de 100 personas a manos de elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, y ante la ausencia total de justicia, se realizó una “Proyección por la Memoria”, convocada por víctimas del 4, 5 y 6 de junio de 2020.
En esta proyección se conmemoró el suceso, se hizo un recuento de los eventos ocurridos en estos tres violentos días, y se proyectaron dos cortometrajes elaborados para conservar la memoria y sostener la demanda de justicia.
Por Andrés de la Peña / @andres_dlap
Aunque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, prometió justicia y cero impunidad en torno a la represión y violencia policial ocurrida contra jóvenes manifestantes el 4, 5 y 6 de junio de 2020, lo cierto es que a dos años la justicia no ha llegado para todas las víctimas.
Para no olvidar estos hechos y seguir exigiendo justicia, el pasado 5 de junio en el Centro de Cultura y Educación Medioambiental (Casa CEM), el colectivo de víctimas de desaparición 5 de Junio Memoria convocó a la proyección de dos cortometrajes: uno elaborado por el colectivo y otro dirigido por Humberto Flores Jáuregui. En éste participaron víctimas, especialistas en derechos humanos e integrantes del colectivo #5deJunioMemoria.
Cortometraje elaborado por el colectivo de supervivientes 5 de Junio Memoria.
Giovanni López Ramírez fue asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos el 4 de mayo de 2020. Los oficiales lo habían detenido por no portar cubrebocas y él se resistió, lo cual estos protectores del orden público tomaron como razón suficiente para torturar a Giovanni. En este proceso de tortura, asesinaron a Giovanni, iniciando un proceso de deuncia e indignación públicas.
El 4 de junio de 2020 se organizó una manifestación frente al Palacio de Gobierno de Jalisco exigiendo justicia para Giovanni y su familia. La policía respondió con violencia, arrestando de manera arbitraria de 28 personas. En respuesta, diversos colectivos decidieron movilizarse para llevar directamente a las puertas de la Fiscalía del Estado la manifestación planeada para exigir la liberación de las y los detenidos.
Ahí, el 5 de junio de 2020, policías de la Fiscalía con vestimenta de civiles, armados con palos, comenzaron a detener, golpear y desaparecer a las personas que pasaban cerca del punto de manifestación. Al final del día se contabilizaban alrededor de 100 personas desaparecidas, quienes fueron llevadas por estos policías sin identificar a bordo de vehículos no oficiales.
En su traslado y detención, las personas que sufrieron estas desapariciones forzadas fueron sujetas a torturas físicas y psicológicas; las mujeres también recibieron torturas sexuales; a todos les fueron arrebatados sus celulares. A lo largo del 5 de junio y durante los siguientes días todas estas personas serían liberadas en puntos alejados de la ciudad, principalmente, en las cercanías del Cerro del 4 y en las carreteras cercanas a Guadalajara.
En representación del Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), durante el evento de memoria Denisse Montiel compartió la lectura que las víctimas y CEPAD hacen del acceso a la justicia:
“Lamentablemente lo que hemos visto estos dos años ha sido una simulación de procesos, simulación de verdades, que ha llevado a que a dos años de los hechos continúen en completa impunidad no podemos hablar, el día de hoy, de justicia”.
A pesar de que se abrieron procesos de justicia contra diversos funcionarios públicos, la postura oficial siempre fue que no se había dado nunca la orden de reprimir, ni de parte del Gobierno del Estado, ni de parte del Fiscal General. Sin embargo, no hubo mas que una persona sancionada por los hechos, recibiendo solamente una pena administrativa y el requerimiento de capacitarse en Derechos Humanos.
CEPAD denunció que en estos procesos nunca se imputaron la desaparición forzada o la tortura ─definida en la Carta Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la cual México es firmante, como “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales”─, sino que se persiguieron faltas administrativas.
Flavio, uno de los supervivientes de la desaparición forzada del 5 de junio, señaló cómo la injusticia que se cometió en estos sucesos luego fue sostenida y prolongada por la misma sociedad jalisciense:
“Nosotros estuvimos desde el inicio en una posición de injusticia cognitiva, porque nosotros no entendimos y no sabíamos muchas cosas que estaban sucediendo eso es algo que aprovechan los victimarios para sacar una ventaja muy clara”.
Por eso fue tan grave el discurso oficial diseñado para engañar, diciendo que los únicos actos de violencia fueron llevados a cabo por manifestantes envíados desde la Ciudad de México. Flavio continuó compartiendo:
“No puede haber una justicia social si no hay primero una justicia cognitiva o una justicia testimonial todas las víctimas están en esa desventaja testimonial. Al no reconocerse su testimonio, y cuando el victimario hace cualquier cosa porque ese testimonio se desvirtúe, creo yo que los derechos humanos en ese sentido están debiéndole toda una serie de posibilidades de reparación de los daños a las víctimas”.
Por eso es que resulta importante para el colectivo 5 de Junio Memoria la recopilación testimonial y la documentación de los sucesos. Flavio explicó sobre este punto:
“La víctima, pienso yo, es un ser humano como cualquiera, y que desde esa perspectiva tiene también el derecho al testimonio; el testimonio que ya puede por sí mismo representar un valor no se tendría que cuestionar por qué la víctima dice eso”.
Una de las víctimas que forma parte del colectivo, Inés, realizó la lectura de un escrito político, poético y artístico durante la sesión. Proyectó con éste una serie de imágenes, y quedó el registro de esta lectura en voz alta en la página oficial del colectivo. Sin embargo, a continuación se puede apreciar un fragmento de la versión escrita del discurso.
“Mi posición, como sobreviviente de desaparición forzada, no es la del sufrimiento, no es la de la revancha y tampoco es la de la pérdida. Intentaré explicar mi postura, que no es necesariamente la de #5deJunioMemoria.
Yo no identifico ni señalo a los policías o a ningún funcionario, del rango que sea, como mis enemigos. Porque Enrique, Gerardo Octavio y los más de 200 elementos adscritos a la Fiscalía, que ese 5 de junio de 2020 laboraron en distintos turnos, durante todo el operativo conocido como el Halconazo tapatío, son solo cientos de nombres propios en un listado interminable de figuras que históricamente han usado el garrote, las balas y la tortura para imponer el silencio.
Pero mientras piensan en formas de reprimirnos, nosotras nos seguimos reinventando, reescribiendo. Las calles siguen hablando”.
La verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición son fundamentos de los procesos de paz, y sobre todo de la práctica internacional en cuanto a la remediación de daños graves contra los Derechos Humanos. Elaborando sobre la ausencia de estos procesos después de la desaparición forzada masiva y la tortura, Denisse Montiel compartió:
“Tampoco podemos hablar de verdad o de justicia cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación el noviembre pasado donde nuevamente no se nombra la desaparición forzada ni la tortura. Habla de detenciones arbitrarias o de dilación en puesta a disposición solamente”.
Si existieron los procesos de justicia en realidad, contra los cientos de funcionarios que indudablemente participaron en el operativo, nunca se han esclarecido sus resultados. Dentro de la información en el dominio público sólo se pudo confirmar una sanción administrativa contra cuatro policías imputados por abuso de autoridad.
Una de las estrategias por medio de las cuales se evadió la rendición de cuentas por desaparición forzada y tortura fue a través de la negación de cadenas de responsabilidad. A pesar de que múltiples testimonios de funcionarios públicos y policías que participaron en el operativo señalan la responsabilidad del entonces Fiscal, Gerardo Octavio Solís. Denisse Montiel comentó sobre este discurso de negación:
“Hoy, a dos años, sabemos que estos hechos fueron premeditados. Que hubo una organización Hoy sabemos que cada uno y cada una de las autoridades que participaron en los hechos sabía perfectamente qué hacer: hubo quienes se encargaron de hacer las privaciones de la libertad, quienes estaban en la Fiscalía del Estado recibiendo a las personas quienes les quitaban sus celulares y obtenían las contraseñas, quienes los resguardaban en estos lugares llamados `las perreras´”.
Concluyó:
“Tampoco podemos hablar de reparación del daño porque hoy a la fecha, y por esta ausencia de las investigaciones, de las atenciones a quienes vivieron esos hechos, siguen presentes los impactos. Pues no solamente fue un impacto y un mensaje a ellas y a ellos, sino también fue un mensaje a la sociedad: un mensaje de que a todas las personas que salieran posteriormente a protestar les iba a pasar lo mismo”.
En cuanto a la garantía de no repetición, la especialista en Derechos Humanos señaló que tampoco quedó garantía de no repetición, puesto que en fechas posteriores las fuerzas de seguridad estatales y municipales reiteraron actos de la misma índole. A manera de ejemplo, nombró el arresto de 10 mujeres del Frente Feminista de Jalisco por protestar frente a la Secretaría de Educación contra la impunidad por delitos sexuales cometidos contra dos adolescentes de la escuela Marco Antonio Montes de Oca.
Por ello, recordaron lo importante que es no olvidar lo ocurrido el 4, 5 y 6 de junio, y mucho más aún cuando dicha violencia policial continúa impune.
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Aquí una cronología de lo ocurrido los días 4, 5 y 6 de junio de 2020.
