La Comisión Mexicana de Defesa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Seguridad Sin Guerrapromueven la campaña #DefenderSinMiedo y #SeguridadSinGuerra para lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare como inconstitucionales varios artículos y capítulos de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, ya que consideran que violan los derechos a la manifestación y libre protesta, además que inhiben el derecho a defender los derechos humanos.
Esta campaña busca que la SCJN reactivé las siete impugnaciones en la materia, promovidas entre 2016 y 2020, que mantiene en suspenso, para comprender más entrevistamos a Víctor Del Pozo, coordinador del Área de Defensa Integral en la CMDPDH, él nos platicó por qué la SCJN ha postergado esta decisión y el por qué es importante las y los magistrados tomen una postura.
Por Josué Ibarra/@josueibarrasala
“El 11 de mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de revisión sobre un amparo promovido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en contra de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza (LNUF). En dicho recurso se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 16, 27, 28 y 40, así como la totalidad de sus capítulos II, III y IV, ya que restringen desproporcionadamente los derechos a la manifestación, a la protesta e inhiben la defensa de derechos humanos”.
Así es como la CMDPDH precisa el trabajo que no ha realizado la SCJN y en el cual está en juego la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos que vulneran la libre manifestación, pero no sólo eso sino la propia seguridad de quienes defienden los derechos humanos de las personas, esto porque la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza es una puerta abierta “al abuso de la fuerza pública”.
Al respecto, Víctor del Pozo, coordinador del Área de Defensa Integral en la CMDPDH, nos habló sobre cómo ha sido el proceso de denuncias y las respuestas que han tenido de parte de la SCJN.
“Consideramos que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza es una ley que de alguna forma permite o habilita a cualquier agente de seguridad como la policía, ya sea municipal, estatal, federal y ahora como otras instituciones que también realizan labores de seguridad pública como el ejército, Guardia Nacional o la Marina, para calificar si una manifestación se está realizando dentro de lo legal o si los manifestantes están actuando de manera pacífica o no pacífica”.
En la CMDPDH consideran que esto se lleva a cabo de manera arbitraria, pues saben que la mayoría de estas autoridades no están realmente capacitadas para tomar este tipo de decisiones con respecto a una perspectiva de derechos humanos.
“Nos parecía muy peligroso, precisamente, porque atenta contra nuestro derecho como organización de derechos humanos a defender los derechos humanos sin miedo; es decir, a poder salir a las calles a manifestarnos sin miedo, ahora nos van a reprimir, precisamente, por eso que nosotros llamamos efecto amedrentador”, aclaró el coordinador de Defensa Integral.
El integrante de la CMDPDH, además, haizo mención a los procesos de denuncias de anticonstitucionalidad, las cuales han pasado varias fases desde un tribunal colegiado hasta llegar a la Suprema Corte, pues actualmente el caso se encuentra en la primera sala y se está esperando aún que se emita una decisión, pero lo que parece grave o delicado es que el borrador del proyecto sobre la decisión final vino en términos muy desafortunados, pues declara como constitucional la ley y no solo eso: “dice que la ley sí es funcional y que está muy bien hecha porque responde a exigencias históricas”.
Esto es grave porque la propia la CMDPDH, en un comunicado de prensa, señaló como la ONU precisó que la ley no cumplía con estándares internacionales, de ahí que lo elaborado por la SCJN resulta bastante contradictorio y resalta el cinismo del primero borrador.
El coordinador de Defensa Integral agregó que existe una incertidumbre porque no se sabe cuándo la SCJN vaya a emitir una resolución, aunque tiene noticias de que está preparando un nuevo proyecto para presentar un borrador más apegado a la defensa de los derechos humanos.
“Al menos, el proyecto no está en las listas para discutir ni esta semana, ni las que vienen, y como la Suprema Corte ya se va de vacaciones, pues se complica todo, y más porque el borrador no está en las listas de temas a discutir, entonces, creemos que esto sea una oportunidad para volver a presentar un nuevo borrador que esté más apegado a defender los derechos humanos”.
Para contribuir al tema, la CMDPDH señala al poder judicial las cosas que consideran que no respetan estándares internacionales de derechos humanos.
“Esto lo señalamos para que el poder judicial decida sí tenemos o no la razón, y si decide que tenemos la razón, le ordenen al poder legislativo corregir la ley, pues se sabe que no son expertos y por eso deberían convocar personas expertas en temas sobre el uso de la fuerza para que busquen alternativas para crear leyes robustas, y no leyes que sean confusas o que dejen que muchas decisiones se tomen fuera de la legalidad”.
Para la CMDPDH, algunos de los aspectos más preocupantes de la Ley son:
- Faculta a las fuerzas de seguridad –que actualmente significa autorizar a las Fuerzas Armadas– a emplear la fuerza tras determinar, arbitrariamente, si una reunión o manifestación tiene un objeto lícito o es violenta
- Asume un enfoque de manejo y control de multitudes que permite a la Guardia Nacional militar, si determina que las acciones de unos cuantos son ilícitas o violentas, usar la fuerza contra reuniones o manifestaciones en su totalidad. Así, la infiltración de provocadores podría justificar el uso de la fuerza, incluso letal, contra todo un grupo de personas.
- Establece criterios irrazonables sobre el uso de la fuerza, en tanto que tiene un enfoque en el control ilegítimo, innecesario y desproporcionado de las autoridades y no en los derechos de las personas.
Con esta lectura crítica, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que está en espera de la resolución de la SCJN y de que esté se apegue a estándares internacionales, pues: “en el contexto de México, en el que defender la paz como ideología y señalar los riesgos de la militarización de la seguridad pública coloca en peligro a las personas defensoras de derechos humanos”.
Esto lo menciona la CMDPDH dejando en claro lo peligroso que es el país para las personas que defienden los derechos humanos y más en un escenario de militarización que se ha reforzado en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
“La experiencia demuestra que cuando las Fuerzas Armadas o cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la ley determina arbitrariamente su propia forma de intervención en protestas o control de multitudes, los resultados son catastróficos, para ejemplos están Atenco, Caso 9N, la Matanza de Tlatelolco, El Halconazo”, concluye la CMDPDH.
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Para saber más de la campaña #DefenderSinMiedo y #SeguridadSinGuerra ver:
