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Dinero público que quita derechos: la donación del gobierno federal a religiosas que recluyen a niñas y adolescentes con embarazo no deseado.

Dinero público que quita derechos: la donación del gobierno federal a religiosas que recluyen a niñas y adolescentes con embarazo no deseado.

En Jalisco no existen cifras exactas oficiales sobre la cantidad de víctimas mortales de complicaciones por aborto clandestino. Tampoco se tienen datos de las niñas y adolescentes que llevaron a término un embarazo producto de una violación. Esta falta de información propicia que se oculte una problemática de salud pública, disfrazada de un asunto moral.  En este reportaje, se cuenta a través de dos personajes ficticios, creadas a partir de testimonios y estadísticas reales de adultas y niñas que han sido criminalizadas, revictimizadas y abandonadas por las instituciones que tienen el mandato de proteger a la mujer fuera de dogmas cuando experimentan un embarazo no deseado.

 Esta investigación responde cuánto dinero público destina el gobierno federal y estatal a centros religiosos que bajo el lema de salvaguardar a menores embarazadas por violación, las privan de su libertad y su derecho a decidir. Te contamos por qué no se piensa el aborto como un tema de salud pública en Jalisco y en México.

Por Redacción ZonaDocs

Samantha es parte del 29.2% de mujeres entre 15 y 19 años con vida sexual activa.

ZonaDocs preguntó vía transparencia a la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco los registros de natalidad del 2009 -año en que entró en vigor la Norma 046 que contempla el acceso al aborto legal y seguro por las causales de violación y amenazas a la salud de la madre- al 2018. La Secretaría de Salud notificó que tienen registros hasta el 2015 debido a que la plataforma de Cubos Dinámicos Nacional se encuentra deshabilitada.

 La Secretaría de Salud proporcionó una base de datos con los registros de natalidad en el estado de Jalisco del 2009 al 2015, dividido por edad de la madre, municipio y sexo del bebé. La dependencia notificó que en las fechas señaladas, niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años tuvieron en total 5 mil 800 bebés, mientras que nacieron 183 mil 845 bebés de adolescentes de 15 a 19 años.

En la misma base de datos se revela que el mayor índice de partos -del 2009 al 2015- se presentan en mujeres de 20 a 24 años con un total de 300 mil 601 niñas y niños nacidos.

Samantha no quiere estar embarazada ni que su mamá se entere pues ni siquiera sabe que ya comenzó su vida sexual activa. Las conversaciones al respecto han sido mínimas y a Samantha le aterra pensar en los regaños y reclamos. También le angustia no poder seguir sus sueños de estudiar arquitectura, viajar por el mundo y vivir en la playa. Siente que el embarazo y, de tenerlo, el bebé, amenazan su felicidad y realización personal. Su circunstancia es particularmente difícil, pues en Jalisco está penalizado el aborto, tanto legal como socialmente. Con todo, Samatha está convencida y decidida: no quiere estar embarazada.

 

La cantidad de impuestos que se destinan a forzar la conclusión de un embarazo no deseado en niñas, es abrumadora. Solicitamos vía transparencia a el Sistema de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) del Estado de Jalisco, cuánto dinero público ha destinado ala Asociación de Vida y Familia A.C., también conocida como VIFAC, de 2007 a 2011 y de 2016 a la actualidad. En total, el gobierno de Jalisco aportó 2 millones 854 mil 892 pesos a una asociación civil que disuade la necesidad y derecho de una joven de interrumpir un embarazo, por encima de los tratados internacionales de los que México forma parte en la materia sobre erradicar las violencias machistas contra la mujer.

 Si bien es una cantidad considerable del erario público de SEDIS,  en la página de VIFAC no declaran que reciben dinero público jalisciense para su funcionamiento y mucho menos cómo se gastan dicha cantidad. En cambio, llama la atención algunos de los patrocinadores que sí menciona, que van desde medios de comunicación como MVS, El País, El Universal, Grupo Imagen, entre otros; fundaciones empresariales como Azteca, Bepensa, ACIR y Devlyn; también menciona tiendas de autoservicio como Costco, Farmacias Guadalajara, Chedraui y Soriana; y claro, al Gobierno del Estado de México y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

 Gobierno federal dona millones al sector privado religioso.

En 2014, Angélica Rivera, presidenta del Sistema DIF nacionalinauguró el Centro Modelo de Atención para Niñas y Adolescentes Embarazadasen casa El Refugio, recién construido con 12 millones 807 mil 200 pesos del erario público. La cobertura de los medios se centró en el acto protocolario pero poco se adentraron a las entrañas de cómo funciona y cuántas violaciones a los derechos humanos de las menores se están perpetuando ahí con recursos públicos.

En ZonaDocsconocimos detalles de su funcionamiento a través de una visita ocular, testimonios de una empleada de la denominada casa hogar y de una joven que acudió ahí en busca de ayuda.

 El Refugio funciona como casa hogar para atender a mujeres embarazadas por violación, desde 1977. El Centro de Atención, que busca ser un modelo a nivel nacional, se construyó con recursos públicos del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que otorgó a El Refugio 12 millones 807 mil 200 pesos. En el convenio se especifica que el uso y destino de los donativos tenían que ser debidamente transparentados en sus páginas de internet; mismas que no existen.

ZonaDocs preguntó vía transparencia si la Secretaria de Desarrollo Integral y Social  ha otorgado dinero público al Instituto Médico Social El Refugio A.C., que opera el Centro de Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas. La dependencia declaró que se ha destinado 2 millones 552 mil 330 pesos mexicanos, mediante tres convenios federales diferentes durante el 2016, 2017 y 2018. Tampoco El Refugio tiene registros de transparencia de estos donativos federales.

El Refugio no lo sería para Samatha, quien revisa entre sus opciones la Norma 046 que permite que las menores de edad conozcan sus derechos como víctimas de agresión sexual y si determinan interrumpir el embarazo, lo hagan sin denuncia penal de por medio. Esta norma establece  que el sistema de salud pública es el responsable de hacer valer sus derechos y facilitarle los servicios para que interrumpa el embarazo sin consecuencias legales.

Existe una grave incongruencia casi esquizofrénica en el ejercicio del Estado en materia de salud de las mujeres. En la ley dice una cosa y se compromete en tratados internacionales a velar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mientras que financia con erario público instituciones religiosas que se aseguran de que no se cumpla la NOM 046. Así, se reproducen violencias institucionales que padecen las mujeres además de la larga tortura de trastornos físicos, náuseas y cólicos, derivados de la gestación de un producto que no desea, en muchas ocasiones causados por abuso sexual.

La opción más viable, ¿Por qué?

Como sabemos, Samantha está embarazada -producto del sexo consensuado con su novio-.  En Jalisco, ella es una menor de edad que tomó una mala decisión y debe pagar las consecuencias pariendo. Ni a la sociedad ni a las autoridades les importa si recibió o no información amplia y de calidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, tampoco importa si la anticoncepción no sirvió. Sobre todo no les importa y no se lo cuestionan, si ella desea o no continuar con el embarazo. Samantha está impedida de libremente, ejercer decisiones sobre su cuerpo y su vida. Su proyecto de vida está limitado por los prejuicios morales de quienes la rodean.

Frente a un estado omiso en el cumplimiento de los derechos de las niñas y mujeres aunado a instituciones que no garantizan el acceso a servicios de salud, las organizaciones de la sociedad civil son quienes responden por las mujeres y las acompañan a interrumpir su embarazo para continuar con sus proyectos de vida.

No todas las historias terminan igual  

Margarita pasó por la misma situación, pero su historia no concluye como la de Samantha. Con menos de 12 semanas de embarazo recurrió al método casero adquiriendo unas pastillas de Misoprostol y siguió las instrucciones de internet en los foros que pululan en las redes sociales para orientar a mujeres en emergencia.

Tres horas después de consumir el Misoprostol, Margarita empezó a sentir agudos dolores en la parte baja de su abdomen, presión en su cabeza y a sudar. Se dio cuenta que le brotaba sangre por la vagina, pero no como indicaba en la página de internet que consultó, sino de una manera abundante. Samantha se encontraba sola en ese momento, llamó a su madre que al ver sus piernas sangrantes no dudó en llevarla al hospital más cercano.

Al llegar al centro de salud, ya no soportaba los dolores abdominales y la hemorragia se había prolongado. Los médicos que la recibieron observaron los síntomas y la dejaron unos momentos en la camilla; al volver, venían acompañados de dos oficiales que la llevaron al Ministerio Público, donde fue interrogada -sin un abogado presente- por sospecha de práctica de un aborto, es decir, un crimen en Jalisco bajo el artículo 228 del Código Penal.

Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de enero del 2007 a diciembre del 2016, procuradurías o fiscalías han emitido 4,246 denuncias por el delito de aborto; en el mismo lapso de tiempo se han realizado 531 juicios penales y se han declarado 228 sentencias por la práctica ilegal del aborto. Asimismo, informan que del 2015 a mayo de 2018 se han abierto 1,486 averiguaciones previas por abortos inducidos.

El caso de Margarita se reproduce en muchas mujeres que han sido procesadas penalmente por decidir interrumpir su embarazo, haciendo una legislación que se deslinda de antecedentes personales de la mujer para tomar esta decisión y limitándose a criminalizar el aborto inducido.

Otra conclusión que denuncia GIRE es que las autoridades a las que se les solicitó información pública referente a los procesos penales por abortos sólo aportaron datos no sistematizados de homicidios relacionados a partos, sin especificar si fueron o no por abortos inducidos. Por lo tanto, es casi imposible obtener cifras de cuántas mujeres han sido acusadas por abortar y considerarlo como un tema pertinente.

Mediante solicitudes de información el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el Expediente 341/2018 notificó que del 2013 a abril de 2018 se culparon a 7 mujeres y 5 hombres bajo el delito de aborto, estipulado en el artículo 228 del Código Penal del Estado de Jalisco. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco notificó incompetencia al solicitar la misma información.

Margarita se desmayó a los poco minutos de haber entrado al Ministerio Público y la regresaron a la sala de emergencias donde entró en paro. Los delitos penales se le imputaron, pero la vida no se le fue devuelta.

La OMS declara las cifras por muertes maternas como “inaceptablemente alta”, debido a que aproximadamente 830 mujeres mueren al día por complicaciones relacionadas al embarazo como hemorragias graves; infecciones; preeclampsia y eclampsia; y los abortos peligrosos. La dependencia de salud mundial determina que sucede mayoritariamente en países en desarrollo y que estas causas, en su mayoría, pudieron evitarse.

Asimismo, determina que es fundamental evitar los embarazos no deseados a edades tempranas; que todas las mujeres adolescentes deberían de tener acceso a anticonceptivos y a servicios que realicen abortos seguros. En las recomendaciones de la OMS, sugiere que los sistemas de salud recopilen datos para responder a las necesidades y prioridades de salud pública de niñas y adolescentes.

Preguntamos vía transparencia a diferentes dependencias de salud del Estado de Jalisco sobre las tipificaciones por mortalidad materna, información básica para recabar estadísticas.

La Secretaria de Salud notificó que el Programa de Salud Materna y Perinatal no contaba con información respecto a defunciones de mujeres relacionadas a abortos inducidos; pero en los registros de egresos hospitalarios por defunción se tienen registrados dos casos de fallecimientos en 2009 y 2013, en los municipios de Tlaquepaque y Puerto Vallarta, respectivamente.

En otra solicitud de transparencia, la misma instancia informó que el Programa de Prevención y atención a la Violencia Familiar y de Género que trabaja con la Norma 046 no tipifica la muerte materna por interrupción del embarazo. Por lo tanto, tampoco hay cifras de mujeres fallecidas por abortos siguiendo las especificaciones de la Norma.

La División de Ginecología y Obstetricia y el Servicio de Ginecología del Hospital Civil de Guadalajara informó que del 2009 al 2018 no se han registrado defunciones de mujeres mayores o menores de edad por interrupción del embarazo o práctica de un aborto según la Norma 046.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no ha contestado a la solicitud 05841518 realizada por ZonaDocs para conocer las cifras registradas de mujeres fallecidas por abortos inducidos.

Margarita murió en una camilla en la sala de urgencias de un centro de salud público. Un médico determinó la causa de su muerte como: muerte materna directa. El mismo doctor había escrito en otra acta de defunción la misma causal, pero en una mujer que murió por complicaciones durante un parto vaginal y derivadas de otro caso clínico, la diferencia radica en que Margarita murió por una hemorragia provocada por un aborto mal atendido, no por estar pariendo a consciencia un bebé. Esta tipificación no existe en la Secretaría de Salud de Jalisco.

Mediante una solicitud de transparenciaa la Secretaría de Salud de Jalisco, se confirmó que las muertes por interrupción voluntaria del embarazo y por abortos espontáneos o naturales son tipificados de la misma forma, lo que crea sesgos de información al momento de solicitar datos estadísticos.

Un ejemplo de esto es el informe del INEGI con estadísticas porcentuales de las muertes maternas por causa de defunción, donde menciona que el 9.3% de las causas es por abortos.

En el informe Niñas y Mujeres Sin Justicia, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) menciona que de 1990 al 2013 en México, 2,186 mujeres murieron por abortar, de las cuales 279 eran adolescentes entre los 15 y 19 años  y 11 eran niñas entre los 10 y 14 años. Sin embargo, como lo menciona este reportaje, en las dependencias públicas -al menos del estado de Jalisco- el aborto se considera igual en si este fue decisión de la madre o si fue natural.

Tampoco hay cifras demográficas de los últimos ocho años sobre muertes de mujeres por abortar y no se tipifica el causal de muerte si es consecuencia de un aborto legal mediante la Norma 046.

La consecuencia es clara al no existir cifras, estadísticas o tipificaciones: no se considera un problema de salud pública.

Margarita murió, como muchas otras jaliscienses y mexicanas, que al verse limitadas en derechos y oportunidades arriesgaron su vida en la práctica clandestina del aborto. Ellas, en la mayoría de los estados de la República Mexicana serían criminales por decidir interrumpir un embarazo no deseado.

Sus muertes quedarán silenciadas e impunes. ¿El Estado permanecerá estático ante esta problemática de salud pública y sus consecuencias?

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Da click en la imagen para ver en orden la ilustración que acompaña a este reportaje.

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