Crónica
Esta es la novena de una serie de crónicas en las que el autor nos lleva a cuestionar la realidad de nuestro estado. Una realidad que, a pesar de la negativa gubernamental, se presenta violenta, pero también esperanzadora por la lucha digna que dan quienes apuestan por la memoria.
Por Orestes
Gobiernos tricolores
El voto de castigo al PAN fue evidente el 2 de julio de 2012, la portada de la sección local del diario Mural era una enorme sonrisa en el joven rostro de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz sobre el titular: “De nuevo, PRI”, la sonrisa de Aris era tan ancha como la ruptura que hizo a la hegemonía panista y sus 18 años en Casa Jalisco, tres sexenios. Una nueva era presentaba amplias zonas de regiones jaliscienses que se pintaron tricolor como la bandera nacional que usufructúa el PRI.
Enrique Peña Nieto en Los Pinos, Luis Carlos Nájera repetiría una posición clave en el nuevo gabinete de Seguridad estatal y la sonrisa de Aris, ancha como su victoria.
Es agosto de 2013 y corre su primer año de gobierno con una docena de agentes del Ministerio Público local despedidos por irregularidades, siete de ellos bajo acción penal. Ese mismo mes, Nájera, ahora como titular de la Fiscalía General del Estado (es el único funcionario de Emilio García Márquez que repite en la administración de Aristóteles Sandoval) asegura que, en materia de seguridad, Jalisco se convertiría en punta de lanza a nivel nacional, amparado por la coordinación que presume tener el gobierno estatal con el Federal.
La expectativa de Nájera parece ambiciosa y cacarea las reformas legislativas que supuestamente mejorarían la seguridad pública de la maltratada entidad.
Empezaría con la estructura de sus policías municipales, es necesario optimizar sus egresos e ingresos; en tanto, nos dicen, diciéndose para sí mismos, que si Jalisco había sido invitado a las apremiantes reuniones de seguridad con autoridades nacionales, junto a estados como Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, no era como acto de comparación con esas entidades reconocidas por sus altos índices de violencia, sino porque Jalisco es percibido por el Gobierno Federal como un adelantado en materia de seguridad y guarda grandes expectativas a su iniciativa de desarrollo del modelo policial, Fuerza Única, conformada por policías estatales y elementos de municipales, prospectada para finales de 2013. Al menos así lo asegura Nájera.
Más pesimistas por el resultado que veían para años posteriores, académicos proyectaban que el llamado Mando Único no funcionaría sin una reforma integral a la Policía que voltee a ver la profesionalización y carrera policial para sus elementos, así como sus condiciones laborales; de otra forma, vaticinaron, sería un cambio de esquema únicamente estético y administrativo, las mismas predicciones sobre el modelo policiaco eran perfectamente aplicables para la avalancha priista estatal y nacional, meramente estética engominada, cuyos principales rostros terminarían decepcionando, reprobados, en prisión, muertos o exiliados.
Y es que Jalisco no estaba para frivolidades o nuevas estrategias fracasadas. En septiembre de 2014, La Jornada Jalisco publicaba que el estado aparecía entre las 10 primeras entidades de México con más homicidios dolosos, extorsiones y robo de vehículos, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto decía apostar por un programa enfocado en la prevención del delito y el aprovechamiento de las múltiples victorias políticas de su partido para coordinar con todos los gobiernos del país y lograr resultados desde el enfoque municipal que corregiría los primeros entornos propiciadores de violencia.
Si exploramos la literatura académica sobre “Seguridad Ciudadana” la apuesta de Peña tenía sin duda un enfoque de vanguardia integral que incluso planteaba préstamos para crear empresas locales, mejorar el entorno social, espacios públicos y difundir la cultura de legalidad, brindar educación contra adicciones, delincuencia, violencia intrafamiliar y pandillerismo.
“¿Qué pudo extraerse realmente de tanta idea de manual perfectamente enlistada?”, se pregunta Orestes antes de que la hemerografía exhiba que los “compromisos” firmados en campaña quedaron atorados a medio camino de su cumplimiento.
Antes de irse a vivir a España, el ex presidente Peña dejó tirados dos mediocres resultados: frustración y muerte.
Fuerza Única Metropolitana y Regional
El 21 de julio de 2014, el gobernador Aristóteles Sandoval da el inicio oficial a la Fuerza Única Regional rodeado de los efectivos que dispersaría en 19 regiones de Jalisco.
Serían mil 400 elementos perfilados para convertirse en los mejores pagados del país, dotados de capacidad para detener delitos de alto impacto en sólo 20 minutos.
Un mes antes, Luis Carlos Gutiérrez Nájera dice sospechar de los alcaldes en Jalisco renuentes a firmar el convenio de aprobación del inicio de funciones de la Fuerza Única Regional, pues el día del banderazo oficial es brillante la ausencia de Puerto Vallarta en la firma del convenio de colaboración con el equipo que supuestamente velaría en combo por la prevención, administración, procuración, impartición, ejecución y reinserción.
La grandilocuencia de este día adorna un cortoplacismo que devendrá en otra cruel paradoja para Jalisco: el modelo de Fuerza Única: Metropolitana y Regional, no estaba ni en la adolescencia cuando es echado al basurero político de Enrique Alfaro, a su llegada a la gubernatura, cinco años después; cuando el estado superaría la media nacional en homicidios dolosos, llegando a su nivel histórico más alto en 2020. Año que también será recordado por el asesinato de Aristóteles Sandoval.
El desmantelamiento de cada modelo de seguridad al cambiar los colores de las administraciones, deja ver la usurpación de instituciones y jerarquías tragadas por la politiquería, en detrimento de un eficaz esquema de seguridad.
¿Por qué será que Scotland Yard opera desde tiempos de Sherlock Holmes y la Guardia Civil Española ha podido envejecer más de 100 años, mientras Jalisco y México cambian de modelo de seguridad cada venida nueva de administración?
Más avanzado el sexenio del Nuevo PRI, el 28 de marzo de 2017, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (dependencia que volvía a blindarse con los superpoderes de aquel sueño de control priista y había absorbido a la Secretaría de Seguridad Pública que dejó Genaro García Luna) asegura que en Jalisco hay un avance en el combate contra el crimen organizado gracias a la creación de policías estatales y el desarme de policías municipales, columnas del Gobierno Federal contra el fortalecido Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Entonces, el diario Milenio Jalisco reporta que de 2014 a 2016 había 169 detenidos, presuntos integrantes del Nueva Generación. En entrevista con ese medio, Osorio Chong declara:
“Creo que hemos tenido, junto con el Gobierno del Estado, junto con los municipios, buenas detenciones, hemos acertado en criminales que han lastimado a la sociedad y también estamos trabajando, ahorita lo estábamos platicando con el gobernador (Sandoval Díaz), para que (los criminales) emigren a otras entidades”.
Y si bien mantiene la misma línea discursiva que Nájera sobre la solidaria coordinación entre niveles de gobiernos priistas, el titular de la Segob aprovecha para darle un raspón a los gobiernos municipales, que a media ruta de la administración del gobernador Sandoval, se han teñido de color naranja MC:
“No obstante, el cambio de gobiernos municipales integra otras dinámicas y otras formas de actuar frente a la delincuencia”.
Añade que los municipios no pueden encargarse de su propia policía, por lo que mantienen firme el planteamiento de crear policías únicas estatales, argumentando con nada más y nada menos que el caso Ayotzinapa, cuya relatoría histórica responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas al gobierno municipal perredista de Iguala.
Osorio Chong admite que el cambio a las policías locales se ha politizado y sostiene que las reticencias municipales se fundamentan en que los ayuntamientos no quieren perder sus recursos directos o niegan tener problemas en su policía, versiones que en el Congreso de la Unión se dilueyen en el pantano de la grilla.
Ahora Jalisco cuenta con una Policía Metropolitana y una Fuerza Única que Osorio Chong atribuye al diálogo de Aristóteles Sandoval con los presidentes municipales.
Mientras ve un video viral que surge en la colonia Oblatos, Orestes recuerda con ironía las palabras del titular de Gobernación.
En sus primeros días de trabajo, Orestes documenta detalladamente el zafarrancho entre elementos de la Policía de Guadalajara y autoridades estatales de la Fuerza Única.
Un hostil estira y afloja que venía se percibiendo entre las nuevas alcaldías emecistas en la ZMG y el Gobierno del Estado durante el proceso de articulación de la Policía Metropolitana que les obligaba a convivir.
El pleito es viral, inicia con un operativo de arresto llevado a cabo por elementos de la Policía tapatía, en abril de 2017. La operación se interrumpe cuando agentes estatales sospechan sobre la legitimidad de los policías municipales que no portan el uniforme durante la operación.
Prensa y ciudadanos atestiguan el crecimiento de un vergonzoso iceberg conforme se agregan al conflicto nuevos actores, cada vez más relevantes y públicos.
Así, vemos sumarse al comisario de GDL, Salvador Caro; después al fiscal, Eduardo Almaguer; cuando el pleito callejero se vuelve digital en redes sociales, la bronca remata peor con la intervención del entonces alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.
En el contexto, el fiscal Almaguer señala que la unidad de investigación de la comisaría de Guadalajara, a la que pertenecían los oficiales municipales, no es legal, ni está facultada para hacer ese tipo de pesquisas y menos para portar armas sin el uniforme policiaco puesto. Y se respalda con la Constitución, la Ley federal, la Ley General de Seguridad Pública y la Ley estatal.
La Comisaría tapatía no se arredra y abona a la polémica cuando responde que otras autoridades estatales y federales conocen la subunidad a la que pertenecen sus cuatro policías, misma que estuvo activa desde que el gobernador Aristóteles Sandoval encabezó la presidencia municipal.
Sin quitar el dedo del renglón, la Fiscalía acusa la extralimitación de las autoridades tapatías y lejos de acreditar su operativo cómo legal, son acusadas de “agredir personas” sin siquiera portar el uniforme.
De arriba para abajo, de feed en feed de redes sociales y de boca en boca, Orestes captura y documenta cada palabra que desarrolla un circo, ya de varias pistas, al que no puede juzgar de otra cosa sino de frívolo, ante la nube púrpura de violencia que se traga territorios, colonias y vidas en raudo paso.
El performance no rompe únicamente las esferas policiales, crece y revienta las ejecutivas y judiciales. “Aquí hay pero sí para todos”, piensa Orestes con los ojos en blanco mientras observa una bola de lodo surcando el ring y luego las tres pistas.
Turno de Almaguer quien se lanza directamente sobre el comisario Salvador Caro y lo responsabiliza de las acciones de sus elementos, al tiempo que resalta su actuar sin el necesario mando de un Ministerio Público.
El Comisario Caro recibe la cachetada con guante blanco que le envía el fiscal del Estado, vía boletín oficial; pero se reincorpora y la responde con un puñetazo cerrado: declara que la actuación de la Fiscalía es una venganza política directamente en contra de la Comisaría de Guadalajara, tramada por el Gobierno del Estado, a manera de un saldo de cuentas luego de la destitución del ex presidente del Supremo Tribunal de Jalisco (STJ), Luis Carlos Vega Pámanes, fue destituido por antecedentes penales.
“Bueno, pues terminamos ¿no?, esto ya no se puede poner peor”, asumen equivocadamente los reporteros hartos del bochornoso y exhaustivo maratón al que no pueden dejar de dar seguimiento porque aquel que se movió, se pierde la mejor parte.
Los dimes y diretes arrojan que el joven quien motivó el operativo de los policías municipales y fue detenido en la colonia Oblatos, es sobrino del comisario de la Fuerza Única Regional, Otoniel González Ramírez, razón por la cual abogó en su defensa.
El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, se suma al ristre de reclamos de su Comisaría en contra del Fiscal, en esta ocasión, por la liberación de un par de sujetos capturados y liberados por la Fiscalía. Caro agrega que su policía capturó a 922 personas, de las cuales 97 fueron liberadas.
Política y fango en todas partes: en las intervenciones a las comisarías municipales, sobre los resultados de los exámenes de control y confianza (incluyendo el del comisario Caro); y hasta en las denuncias de la supuesta venta de armas en Facebook por parte de individuos vinculados a la Fiscalía, acusaciones que son descalificadas y señaladas como golpeteo a la institución.
El video de los altos mandos gritandose en las calles de una de las colonias más calientes de Guadalajara, con las benditas palabras de Osorio Chong de fondo, sería caricaturesco, si no fuera porque esta escena, en sí misma, supone el incubamiento del huevo de la serpiente, ya que este comodín de supuestas intentonas y narrativas para desestabilizar gobiernos, sería, ya en la gubernatura de Enrique Alfaro, su señalamiento favorito para desacreditar a activistas, manifestantes, medios de comunicación, autoridades federales con las que debía trabajar en coordinación y hasta a las víctimas.
No es un despropósito retomar los cuestionamientos que lanzó como dardos el periodista Jaime Barrera Rodríguez en la edición de Milenio Jalisco del 3 de diciembre de 2015 en su columna Radar, a propósito de los nuevos alcaldes que estrenaban mando en Jalisco:
“¿Cuántas horas de su agenda diaria dedicaban a los temas de seguridad?”, pregunta que extendía al gobernador y a su gabinete de seguridad; ¿qué temas de seguridad supervisan personalmente?; ¿consideran que combatir asuntos de narcoviolencia es su obligación o que es un asunto del gobierno estatal o federal? ¿creció o disminuyó el número de policías que tenían en octubre que llegaron?.
Dos meses después de iniciadas sus administraciones ¿cuántos policías les faltan para cumplir con el estándar internacional de al menos 2.8 policías por cada 1000 habitantes?; ¿cuántos policías que no pasaron los exámenes de control y confianza siguen armados y a bordo de una patrulla?; ¿existen en sus corporaciones un reglamento de profesionalización o protocolos de capacitación mínima y si es así, los policías lo conocen?; ¿cuál es el nivel de satisfacción de los uniformados de pertenecer a la corporación?; ¿han medido cuál es el nivel de reconocimiento de los ciudadanos a su policía?; ¿ejerció usted todos los recursos asignados a seguridad o hubo subejercicio?.
Un rosario de preguntas brotan oportunas, tomando en cuenta que en cada cambio de administración y corporaciones, la delincuencia encuentra espacio para ocupar vacíos que se abren con los reacomodos policiales.
El clima obliga una lectura amplia del tema, en honor a la memoria de tantas muertes, ya que surgirá otro sexenio sin grandes cambios al paisaje.
De hecho, en lo que se refiere a imágenes, indudablemente el derribo del helicóptero de la Sedena en la jornada de bloqueos y ataques patrimoniales a la ciudadanía en 2015, serían de las peores estampas en el catálogo visual del sexenio de Aristóteles Sandoval y Enrique Peña.
Inicia como un operativo el 1 de mayo al interior de Jalisco para desarticular al fortalecido grupo local del CJNG con la aprehensión de su líder “El Mencho”, y ante la respuesta violenta de las agrupaciones, son detenidos cerca mil 448 delincuentes, un año después, según presumirá en su cuarto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña, sin reparar él o el gobierno de Jalisco en que los ataques a bancos, restaurantes, gasolineras y otros comercios, así como a 104 vehículos en 81 puntos del estado, significaron la pérdida de bienes materiales valuados en 17 millones de pesos, según peritajes del IJCF.
Sin embargo, la Comisión Estatal a Víctimas de Jalisco se desentiende de la reparación del daño y solo contacta a 8 de las 113 víctimas, según Reporte Índigo en su edición del 2 mayo de 2017.
La venganza del gobierno federal surge tres semanas después.Impulsivamente, la policía Federal realiza un operativo en un rancho ocupado por presuntos miembros del cartel en Tanhuato, Michoacán. El saldo del operativo es de 42 civiles y un policía muertos, un nuevo caso de ejecución extrajudicial colectiva. Los vecinos del rancho atestiguan el detalle más horrible de esta jornada, pues declararán que los disparos fueron desde un helicóptero.
El gobierno de Enrique Peña Nieto subestimó dinámicas locales específicas y abandonó el esfuerzo de transformación institucional. Consideró que la violencia obedecía fundamentalmente a la gestión política, como ejemplificó su intervención en Michoacán ante las agrupaciones de autodefensas, y que consistió en enviar a un coordinador federal de seguridad que terminó en la Conade.
El 24 de febrero de 2013, el médico José Manuel Mireles encabezó el grupo de autodefensa en el municipio de Tepalcatepec y describió en un video las condiciones de su comunidad, bajo el yugo de los Caballeros Templarios, los impuestos que cobraban, las violaciones a niñas y la complicidad de las autoridades.
Precisamente estos abusos contribuyeron a explicar la rápida expansión de los grupos de autodefensa por todos los municipios de Tierra Caliente aunque no tardarían en surgir reportes oficiales que acusaban vinculación de algunos líderes de autodefensas con organizaciones criminales, abusos que comenzaron a ser habituales en la toma de comunidades e incluso la instalación de un centro de tortura.
Para el 30 de junio de 2014 se llevó a cabo en Tlatlaya, Estado de México, la primera ejecución extrajudicial multitudinaria con gran atención mediática durante el gobierno de Peña Nieto, ese día murieron 22 personas tras un enfrentamiento con autoridades; sin embargo, en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se documentó que las víctimas se rindieron rápidamente pero al menos 15 fueron ejecutados después de sometidos.
También se alteró la escena del crimen para simular que habían muerto en combate, el informe reveló un detalle aún más trémulo: varias víctimas habían sido secuestradas en comunidades de Tierra Caliente de Guerrero y eran forzadas a trabajar para los criminales.
“Policía, policía: ¡adiós!”
Enrique Peña Nieto pretendía desaparecer las policías municipales y abrir paso a las Policías Estatales Únicas; si bien, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval estaba a favor de la Policía Única, y lo manifestaba con el avance de la Fuerza Única de Jalisco que operaba en todo el estado, la pretensión presidencial era tan grande que para el 2014, el gobernador pedía a Peña Nieto moderar el proyecto porque no era posible quitar estas corporaciones a todos los municipios. Y eso que en este punto ya se habían consolidado dos años de ambas administraciones, estatal y federal, trabajando en plena coordinación, como presumía Najera y aún sin los obstáculos de las conquistas de la oposición sobre las alcaldías, que más tarde referiría Osorio Chong.
En la década de los noventas, Orestes y otros niños corren a saludar a los policías municipales cuando transitan dentro de sus patrullas; “Policía, policía: ¡adiós!”, gritan en inocente complicidad con quienes nos protegían. Sin embargo, conforme avanzaba la crisis de seguridad en todo México, el supuesto combate evidenciaba cómo la división entre policías y criminales era más compleja que trazar una línea.
Así como las difíciles condiciones en las que trabajaban, su distribución, equipamiento y perfiles, el encanto protector se desvaneció.
Las primeras intervenciones a policías municipales fueron en 2014, durante el segundo año de Aristóteles. Desde entonces y hasta 2023, han sido intervenidas 23 corporaciones, 1 de cada 5 corporaciones de Jalisco, bajo sospecha de infiltración del crimen, abuso de autoridad, desapariciones, nexos con el crimen y homicidios.
De 2014 a 2023 Jalisco puntualiza intervenciones en Cocula, Casimiro Castillo, Unión de Tula, Villa Purificación, Pihuamo, Jilotlán de los Dolores, La Barca, Villa Corona, Teocaltiche, Tlaquepaque, Tlajomulco, Ocotlán, Bolaños, Tecalitlán, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalostotitlán, Poncitlán, Puerto Vallarta, Mezquitic, Colotlán y Villa Guerrero.
Cuando Orestes lee que la Policía de Teocaltiche ha pasado por tres inspecciones desde 2017 hasta 2023, (la última motivada por los niveles de violencia perpetrados en disputas de grupos criminales) se pregunta si acaso hubo algún proceso para reconstruir a la sociedad que queda en medio de todo esto.
A pesar de que Ley Nacional de Seguridad, aprobada desde el sexenio de Calderón, ordenaba evaluar a las policías en todo el país, las evaluaciones de confianza en Jalisco avanzaron tan lento que para el 5 de septiembre de 2016, el 70% de municipios eran opacos sobre sus resultados de exámenes de controles de confianza de sus jefes policiales.
Solamente el 40% había entregado la información solicitada, a pesar de que su aprobación era requisito nacional para el cargo de comisario, director o secretario de seguridad. Incluso el Senado tuvo que dar prórroga ante el retraso de los resultados.
Un destacado ( por el nivel de su puesto y su politización) fue el comisario de seguridad pública de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, quien aprobó con restricciones su examen de control y confianza.
El diario Milenio Jalisco destacaba que después de un largo proceso para poder acceder al resultado de las evaluaciones del comisario, en las cuales no calificaba para ocupar el cargo y tendría que repetir los exámenes, el entonces presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, tuvo que hacer de fiador moral para asegurar la toma de protesta de Caro.
Pero la verdadera crisis dejó de estribar en si tenían o no capacidad para cuidarnos: si en abril de 2021, desde la primera intervención en 2014, se contaba 120 policías de 14 municipios involucrados en desapariciones forzadas, la cuestión era ¿a quiénes servían?
Ya desde antes tronaban casos de oficiales involucrados en delitos de alto impacto, en febrero 2012, Tonalá y todo Jalisco se estremecieron luego de que se diera a conocer que el director operativo de la policía en este municipio, Fernando Luna, brindaba protección a una banda de secuestradores. El directivo, luego de ser detenido junto a cuatro sujetos más, admitió que las autoridades llegaban tarde a los lugares donde eran reportados estos delitos y detalló que las víctimas eran elegidas al azar y una vez cubierto el rescate se les dejaba en libertad.
De hecho, él y sus cómplices, quienes formaban parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, según fuentes policiales, fueron relacionados con al menos seis secuestros.
Posteriormente, las sospechas y detenciones por casos similares comenzaron a surgir constantemente al interior del estado.
En marzo de 2013 seis policías de Chapala fueron consignados por homicidio en tentativa, privación de la libertad y delincuencia organizada. Algunos de estos oficiales asumieron ser parte del CJNG.
Y para el 1 de octubre de 2016, luego de localizar más de una docena de cadáveres, desmembrados y depositados en el río Lerma, de habitantes del municipio de Jamay, la Fiscalía General del Estado apuntó a mandos policiacos de La Barca como posibles involucrados en la privación de la libertad de las víctimas.
Fue muy sonada la detención de cuatro elementos de Tecalitlán, por la desaparición de tres italianos en 2018. De los cuatro policías detenidos, dos fueron sentenciados, uno escapó y otro murió en prisión.
En 2020 en San Juan de los Lagos la intervención a su comisaría dio con todo un sistema de videovigilancia ilegal, similar a los cuatro centros de narco vigilancia que serían descubiertos tres años después en Teocaltiche.
Aunado a estas complicidades, los ataques en contra de las autoridades municipales también significaron focos rojos en la entidad: En 2012 fueron asesinados 25 elementos de distintas corporaciones municipales.
Previamente en 2011, la región de Los Altos registraba una serie de agresiones que exigieron acciones inmediatas: los módulos de policías municipales de San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno fueron atacados con explosivos, en el primero hubo cinco heridos y en el segundo no detonaron los artefactos lanzados con la misma intención. Igualmente, durante esa racha, la casa del presidente municipal de San Miguel el Alto fue agredida por sujetos armados, resultando un oficial herido.
En Quitupan se efectuó el desproporcionadamente asesinato de un oficial de la dirección de seguridad pública en enero de 2013: en el lugar del crimen se encontró medio centenar de casquillos percutidos.
El periódico Mural y la organización Causa en Común publicó en un corte del 14 de noviembre de 2023 que desde 2008, Jalisco reporta 120 homicidios de 120 agentes investigadores y policías activos. Esto a propósito de los ataques registrados meses atrás cuyas características tuvieron resonancia internacional.
En julio de 2023 murieron cuatro policías cuando realizaban un operativo de búsqueda de personas desaparecidas en Tlajomulco, cuyo reporte resultó falso y parte de la emboscada que tendió la delincuencia para hacer estallar a la distancia artefactos explosivos, mientras las autoridades se desplazaban sobre la zona reportada. El ataque cobró la vida de dos civiles y dejó 15 personas heridas.
Mientras que en noviembre de ese año, el tercer oficial al mando de la Policía de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amescua, subdirector operativo fue asesinato por 18 tiros durante una emboscada en la que participaron dos hombres y dos mujeres que estaban en un establecimiento a donde llegó el mando a comprar alimentos en Zapopan.
En septiembre de 2023 la ZMG reportaba 650 nuevos policías metropolitanos, más que al arranque de las administraciones que llegaron en 2021, según datos de la CEDHJ. Sin embargo, ni la seguridad, ni las condiciones de los oficiales presentaron cambios positivos.
Al interior de las corporaciones los policías consideran inadecuadas la distribución del trabajo. El esquema de la policía metropolitana se basa en la coordinación del comisario metropolitano con los mandos de las nueve comisarías que integran el área metropolitana.
Al interior de Jalisco es más crítico. En la zona norte de Los Altos donde se libra una batalla de gran escala contra las organizaciones criminales.
Por ejemplo en Teocaltiche, donde dos agentes fueron asesinados a tiros en una emboscada de la delincuencia organizada el 2 de septiembre de 2023, dejando al municipio con 54 elementos, de los cuales 26 era aspirantes a policías de línea y 28 policías y mandos para vigilar a 39 mil 839 pobladores, según el INEGI.
En Encarnación de Díaz sus policías no cuentan con seguro de vida, lo mismos que en otras 66 comisarías municipales, de acuerdo con la asociación Unidos X la Seguridad.
Igualmente en San Juan de los Lagos no es respetado el Sistema de Carrera Policial, que por Ley debería garantizar el crecimiento profesional de los uniformados.
El informe de Unidos X la Seguridad señala que en todas las corporaciones de Jalisco Urgen uniformes, chalecos, radios, vehículos y mejoras a la seguridad social, así como el salario.
En Lagos de Moreno, donde siete agentes municipales han sido asesinados desde 2018, el salario mensual bruto es menor a los 14 mil pesos.
Jalisco es señalado como uno de las entidades con menos agentes estatales, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 informó que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, reportó 2 mil 482 elementos en sus filas e indicó que la totalidad de los agentes estatales es destinada a la prevención, omitiendo las áreas de investigación, reacción o proximidad social.
De esta forma, Jalisco se posicionaba como la tercera entidad con la menor tasa de de policías estatales para seguridad pública por cada mil habitantes, la cual comprende una cantidad de 0.3, por debajo de la media nacional que es de 0.9 por cada mil habitantes.
Mientras, la percepción ciudadana reprueba en confianza a las policías municipales que se llevan el peor resultado de la evaluación metropolitana “Seguridad en el AMG 2023”: 74.9% de los entrevistados declaró no confiar en las corporaciones.
Percepción que empata con las ocho recomendaciones emitidas, el mismo año, por la CEDHJ,de las cuales cuatro eran dirigidas a los gobiernos de Guadalajara y Tonalá por actos de abuso policial en los que hubo tortura y omisiones graves.
Destacaba el relato de la muerte de un padre de familia y el ataque a un joven por parte de la policía de Guadalajara que los confundió con ladrones de celulares el 20 de octubre de 2021; o la omisión de policías tonaltecas el 29 de julio de 2022, luego de un ataque armado cuyo perpetrador no fue detenido, según denunciaron testigos.
Desde su creación en el año 2017 y hasta este 2023, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco ha sumado de 500 aprehensiones de individuos presuntamente involucrados con la desaparición de personas en el estado, y de los cuales, una quinta parte son policías municipales, según registros de la Fiscalía Especial.
Fiscalía
En el infierno ¿Cuáles son las expectativas sobre la dependencia encargada de investigar y estructurar los casos que se juzgarán judicialmente?
En estos últimos años, la Fiscalía de Jalisco ha tenido diversas metamorfosis de tipo nominal, pasando de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, a ser Fiscalía del Estado, emancipandola del gabinete del gobernador para darle estatus de independiente. Es precisamente esa independencia institucional el par de alas que deberían abrir el capullo, no obstante las adhesiones políticas también se cuentan entre las metamorfosis que han operado en la institución como cómodos cambios muy coordinados con el poder Ejecutivo estatal.
El pasado 1 de agosto de 2023, el periodista Jonathan Lomelí, quien distingue su pluma por saber cargarla de tinta fresca y luego enterrarla a profundidad en los temas que aborda, compartía en su columna para El Informador su frustración por la repentina cancelación de la entrevista que esperaba realizar a un policía investigador del área de homicidios de la Fiscalía de Jalisco, conversación de la cual pensaba extraer, en corto, una serie de respuestas a cuestionamientos puntuales que ya el hecho de colocarlos en la conversación pública resultan valiosos para apelar a la reflexión ciudadana. Recatamos algunos:
En su artículo Lomelí asegura un auténtico interés por conocer cómo capacitan y priorizan su agenda de casos los agentes investigadores de homicidios de la Fiscalía de Jalisco; nos invita a preguntarnos con qué tecnologías cuentan estos agentes y cuáles sus condiciones laborales; cuántas son las órdenes de aprehensión por homicidio que faltan por cumplir en Jalisco durante esta administración. Todas ellas presididas por la pregunta cualitativa, inicial e insalvable en una solicitud de información previamente enviada: ¿cómo es un día en la vida laboral de quién investiga los homicidios en Jalisco?
El estudio “Hallazgos desde lo local 2021: Jalisco” de la organización México Evalúa dice que estamos por debajo de la media nacional en número de policías investigadores, ministerios públicos y peritos con mil 284; una tasa promedio de 15.9 por cada 100 mil habitantes. Esto es 5.1 puntos por debajo de la tasa nacional, que es de 21.
Dichas condiciones generan saturación en un estado donde el homicidio doloso no para. Y el entorno se enrarece ante la ausencia de un servicio civil de carrera en la Fiscalía; es decir, sin ofrecer procesos de formación y evaluación, cancelando futuros con escalafón, ascenso por méritos.
¿Cuáles son los criterios para un puesto en la Fiscalía?, otra vez, la política.
¿Sabemos qué hacer y a dónde ir si sufrimos ahora mismo un delito?; ¿Quiénes se han sentido bateados en la sede de la Fiscalía del Estado en Calle 14, localizada en la Zona Industrial de Guadalajara?
Derivaciones a otros sitios y horas acaparadas son problemas determinantes para que no se denuncien los delitos. Jalisco padece un subregistro ante la escasez de puntos de denuncia.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2023, la Fiscalía de Jalisco contaba con 61 personas para la atención ciudadana en sus centros de denuncia, lo que representaba una baja en comparación con los censos de 2021 y 2022, cuando la dependencia reportaba 337 funcionarios.
Las condiciones hacen que el ciudadano pierda la confianza en la institución y se desista de levantar denuncias, al considerarlo una pérdida de tiempo: en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 el 58.1% de quienes decidieron no denunciar argumentaron inconformidad por las condiciones ofrecidas.
En 2023 la Fiscalía de Jalisco reportó la falta de coordinación con la Fiscalía General de la República que había rechazado sus recientes solicitudes para colaborar en la investigación de casos en los que hay indicios de la participación del crimen organizado, como lo fue la desaparición y muerte de los jóvenes del call center y las explosiones en Tlajomulco.
Los delitos como homicidio doloso y la desaparición forzada corresponden a las autoridades de Jalisco pero el crimen organizado es de competencia federal, por lo que las autoridades de seguridad en el estado han señalado que la FGR no reporta ninguna operación de alto nivel, a pesar de que EUA ha admitido que la entidad es uno de las bases fuertes del CJNG.
Hasta finales del sexenio 2018-2024, la delegación en Jalisco de la FGR, encabezada por Manuel Guajardo Sosa, prácticamente no había publicado aprehensiones de alto perfil.
Si bien la Fiscalía de Jalisco ha aumentado cada año la cantidad de agentes del Ministerio Público, ello no ha impactado en sus resultados.
Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal en 2018 la Fiscalía General de Jalisco contaba con 417 agentes. El censo más reciente con datos de 2022, la Fiscalía de Jalisco sumaba 662 agentes.
¿Cuáles son las atribuciones de estos agentes?
La Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado establece que deben ejercer acción penal, solicitar la reparación del daño ante una autoridad judicial, ordenar aseguramientos de bienes, objetos e instrumentos del delito; llevar la conducción de carpetas de investigación; acudir a las audiencias de órganos jurisdiccionales y llevar el registro de las órdenes de aprehensión.
Los expertos en el tema indican la falta de cursos de investigación criminal que ayuden a avanzar los casos para reforzar los procesos de investigación como las órdenes de aprehensión e interrogatorios que son clave para judicializar una carpeta de investigación.
El estudio “¿Que (no) es la puerta giratoria? Mitos, metáforas y evidencia” señaló a Jalisco como el primer estado a nivel nacional con detenciones ilegales entre 2018 y 2019.
¿Cuál fue la consecuencia?
El 30 por ciento de los presuntos delincuentes detenidos en Jalisco lograron su libertad, no porque no fueran culpables sino por la ilegalidad de su arresto.
Así, en plata, si un juez declara en una audiencia de control que una detención fue ilegal, el presunto delincuente queda en libertad, independientemente si la Fiscalía tiene argumentos para declararlo culpable.
Lo peor es que en varias ocasiones el MP detecta irregularidades en las detenciones sin señalar las ilegalidades, pasando la papa caliente a los jueces que deben determinar la liberación.
Si bien, la Fiscalías deberían seguir las investigaciones y solicitar una orden de reaprehensión, el 79 por ciento de los especialistas consultados en el informe afirmaban que no se hace.
La CEDHJ informó que la Fiscalía de Jalisco es la dependencia que más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos acumula, sólo en el periodo de enero a junio de 2023 lideró en señalamientos al tener 356 expedientes. La mayoría en contra de la Fiscalía Central que tiene 263 quejas, mientras que la Fiscalía Regional acumula 91; Ciudad Niñez una.
El motivo principal de la queja es el incumplimiento de la función en la procuración de justicia con 109 expedientes; pero destacan las violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y la negativa de asistencia a víctimas de delito con 69 quejas cada una. En total la Fiscalía suma 31 tripo distintos de presuntas violaciones a derechos humanos en donde taamnbién figunran la prestación indebida al servicio público, con 54; violación al derecho a la igualdad y trato digno con 33; violación a los derechos de los niños con 25; y ejercicio indebido de la función pública con 24. Hay ocho expedientes por torrtura; intimidación en sies casos; abuso sexual en dos y hostigamiento sexual en una queja.
Estos crímenes además han quedado impunes. La Fiscalía del estado de Jalisco es la dependencia con más bajas a manos de criminales con 23 integrantes caídos; de estas víctimas el rango más alto ha sido tocado con el homicidio del Fiscal Regional, Gonzalo Huitrón, acribillado en un tramo carretero en Poncitlán en julio de 2029, cuya viuda pelea desde entonces por una pensión justa y acorde al cargo y ha señalado la detención de esta investigación. Después la GN ha visto caer a 12 integrantes en Jalisco; la Secretaría de Seguridad del Estado es la segunda entidad con más bajas; y al policía de Zapopan como la cuarta.
Ojos ennegrecidos
El 2 de octubre de 2022 cayó en domingo y la Plaza Andares contaba con presencia plena, nuevamente las parejas observaban sus sonrisas, repiqueteos de tazas y cristales, coros de familias con distintas voces y el personal que trabaja aun más arduamente los fines de semana, comenzaban a enderezarse completamente en el espacio público después los últimos años en los que la pandemia nos zarandeó a todos.
De nuevo la vida. El el orgulloso complejo comercial que desarrolló la firma de arquitectos Sordo Madelano cuya visión ya había dotado de las nuevas facciones del estilo moderno y funcional en distintos puntos del país, no es más que espacio vacío sin las personas.
Repentinamente la tarde viva del domingo se convierte en un primer video que enfoca el cuadro para todas partes con gritos de sorpresa y terror ahogados de fondo; un segundo video, igual de movido, pero que registra mejor el sonido de las detonaciones; el tercero es registrado desde varios pisos de altura, además de los disparos capta nuevamente la imagen lamentable de una zona comercial en domingo sin personas, no confinadas, escondidas.
El complejo aloja las firmas Hugo Boss, Michael Kors, Cartier… y ese día en sus restaurantes celebraban tratos empresarios locales con industriales extranjeros; una familia de tequileros que visitaba Zapopan para hacer sus compras; un futbolista del equipo de fútbol Atlas FC y su pareja; así como el alcalde de Tonalá quien reaccionó ante el hecho en Twitter.
De hecho, fueron los clientes y trabajadores quiénes capturaron con sus teléfonos más y mejor material que las cámaras de videovigilancia. Nuevamente a tela de juicio la inversión y operaciones del Sistema Urbano a cargo de la Coordinación General de Seguridad de Jalisco.
Un cuestionamiento de larga data, considerando que desde 2010 en Jalisco ya se apostaba por la videovigilancia, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara comenzaba las operaciones del Centro de Comunicaciones y Observación Electrónica, cuya inversión de 25 millones de pesos fue financiada con recursos federales, efectuado dentro de un largo paréntesis sobre colmo del mal uso de recursos, como el realizado con los insumos federales del ejercicio fiscal 2009 en Guadalajara.
Entre las observaciones emitidas en 2011 por la auditoría superior de la Federación resaltaba la subutilización del equipo de cámaras de vigilancia que por falta de una instalación adecuada no garantizaban visibilidad total, algunas se colocaron frente a obstrucciones, además que sus operadores trabajaban solo entre semana y descansaban por las madrugadas.
También se promovió sanción porque los recursos fueron erogados en 2009 pero ejercidos hasta 2010, con los cuales se compró equipos, uniformes y patrullas, entregados fuera del tiempo pactado y sin sanción para los proveedores en detrimento del erario.
Entonces 26 pantallas monitoreaban en tiempo real imágenes de las 105 cámaras del sistema de videovigilancia. Se trataba de un proyecto preparado para identificar con GPS la patrulla más cercana al delito detectado, pasarles el servicio y sumar solo tres minutos como tiempo de respuesta. Ya en ese lejano 2010, el entonces alcalde tapatío, Aristóteles Sandoval, aseguraba que la inversión se traduciría en resultados.
Para marzo de 2012, las cámaras de videovigilancia, éstas de la Secretaría de Seguridad del Estado, motivaban a los reporteros que rodeaban al titular de la dependencia, Luis Carlos Nájera, a cuestionar porqué no habían grabado ni los bloqueos efectuados al inicio de ese mes en la Zona Metropolitana, ni mucho menos registrado pistas, por lo que funcionario justificó que los responsables evadieron las cámaras para no ser detectados.
“Siempre les dije que las cámaras servirían para recabar evidencias y no dijimos que solucionarían el problema”, recoge El Informador el 15 de marzo de 2012.
El crédito para seguridad de mil 500 millones de pesos solicitado por el Gobierno de Emilio González Marquéz, destinaría 400 millones de pesos para la compra de 650 cámaras de videovigilancia, que serían ubicadas en 570 puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Más de 10 años han transcurrido desde entonces, cada uno con sus respectivos pasajes de terror, con un marcador muy por delante a las acciones de apoyo registradas por las cámaras.
Si bien es justo señalar las anotaciones del sistema, también conviene tomar en cuenta los descensos del rendimiento, puesto que la problemática de seguridad en Jalisco supone una carrera de esfuerzo permanente: en 2020, por ejemplo, la Fiscalía General logró 253 aprehensiones con la ayuda de las cámaras; en 2022, apenas 62, cifra que marca un gran contraste, considerando que en ese último año sólo el Ayuntamiento de Guadalajara logró 205 capturas de la misma forma.
Arden las heridas de la ciudad y no hay espacio entre acontecimientos para profundizar en cada hecho, para afianzar la memoria, la velocidad impide al ciudadano hacerse de una historia del crimen y las opciones se limitan sin el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que deberían registrar los delitos para que sociedad y Estado se apliquen en estudiar cómo salir de la barbarie.
La inyección de recursos al C5 estatal ha sido paulatina y continua, en 2021 recibió 420 millones de pesos; en 2022 tuvo 569 millones de pesos; y en 2023 la bolsa fue de 623 millones de pesos.
En noviembre de 2023, los reproches a la ceguera del escudo urbano C5 se agudizan ante escándalosos crímenes como el asesinato del subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Manuel Flores, en un establecimiento de alimentos; tampoco aportan indicios que permitan inmediata respuesta en la privación de la libertad a ocho trabajadores de un Call Center en Zapopan; ni para accionar tras el plagio de la alcaldesa de Cotija, Michoacán.
En su quinto informe el gobernador Enrique Alfaro asegura haber invertido 779 millones de pesos en el escudo urbano para su reconstrucción, refiriéndo su condición previa como obsoleta y negocio diseñado para que no sirviera. Por lo que deja ahí otra veta de investigación a las autoridades para descartar el involucramiento del crimen organizado en el sistema de videovigilancia.
No se trata de un sistema insignificante pero si el dinero y tiempo transcurrido desde que se implementaron las primeras cámaras no resultan argumentos suficientes ¿que tal el hecho de que hasta la delincuencia emprenda sus propias estructuras de videovigilancia?
La muestra más reciente es la infiltración delincuencial exhibida con los sistemas de videovigilancia descubiertos en Teocaltiche durante la intervención de fuerzas federales durante 2023; sin embargo, desde mayo de 2010 se dieron a conocer sistemas de audiovigilancia en Lagos de Moreno, implementados por los Zetas al interior de antenas y frecuencias de radio comunicación de la policía municipal, incluso trascendió en distintos medios de comunicación que el presidente municipal de Lagos fue acusado por su sucesor ante la Procuraduría estatal de haber entregado la zona para que los Zetas lo usaran como entrada en su disputa territorial contra el cártel de Sinaloa.
Tras la detención en 2010 de quién fuera director del grupo de reacción rápida de la policía de Lagos Álvaro Mascorro Valdés y once agentes de su corporación se dio a conocer que los permisos para la intervención de los equipos de interferencia iniciaron con el pago de 400 mil pesos que luego los Zetas ascendieron a un millón mensuales pues ese grupos contendía con el de Sinaloa, lucha que dejó un saldo de jefes y policías muertos.
Los narcobloqueos en Guadalajara durante el 9 de marzo de 2012 continuaron la exhibición de la pobre acción de videovigilancia, por lo que autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaron que para hacer frente a esos casos requierian un aproximado de 5 mil aparatos o 500 como mínimo, lo anterior de la el municipio no puedo captar ninguno de los acontecimientos violentos que se registraron en la ciudad durante la jornada, pues de las 36 cámaras que operaba la dependencia municipal, en aquellos días, no estaban ubicadas en ninguno de los puntos que fueron atacados por la organización CJNG.
Para 2023 la Fiscalía de Jalisco reportaba una baja en la cantidad de capturas de delincuentes con ayuda del Escudo Urbano C5. Si bien se han detectado 618 precintos delincuentes con apoyo de videovigilancia estatal entre enero de 219 y abril de 2023 pero han sido por ilícitos como robo, falsificación y uso de sellos, marcas, llaves y troqueles de manera indebida, así como delitos contra la salud o cohecho, lesiones, desmantelamiento y allanamiento de morada, pero no se desglosó la cantidad de las aprehensiones por cada tipo de delito.
En diciembre de 2023, El Informador publicó que el Escudo Urbano C5 en Jalisco tiene un costo de 842 millones de pesos y un gasto anual de 623 millones de pesos para la operación de sus 6 mil 530 videocámaras pero 181 de estas se hallaban inactivas por situaciones como fallas eléctricas, daño a su fibra óptica, porque fueron retiradas por obras, robo, fallas de antenas, entre otros.
Ese mes, delincuentes dañaron 12 puntos de monitoreo inteligentes, 10 en el corredor de Chapala a Jocotepec y dos en Tepatitlán, quedó aún más expuesto el tipo de atención y coordinación que empeña el sistema de videovigilancia.
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Lee aquí el resto de las crónicas que componen esta pieza periodística:
Parte I:
Parte II:
Parte III:
Parte IV
Parte V:
Parte VI:
Parte VII:
Parte VIII:
